Un Estado que llegue

Hay una conversación que las campañas electorales suelen aplazar porque no cabe fácilmente en un eslogan: la que debemos mantener sobre la capacidad real de nuestro Estado. Nos apasiona discutir quién gobernará, con qué apoyos y frente a qué adversarios. Dedicamos menos atención a saber si las administraciones podrán ejecutar lo que se anuncie. Sin embargo, entre una ley aprobada y una vida que mejora existe un recorrido de oficinas, profesionales, presupuestos y decisiones. Cuando ese recorrido se atasca, la ciudadanía no recibe una explicación institucional: recibe una decepción.

Ante el horizonte electoral del 29 de noviembre, nos convendría situar esa distancia en el centro de la discusión. No para sustituir la política por una gestión supuestamente neutral, sino para devolverle toda su exigencia. Elegir prioridades es profundamente político. También lo es decidir si una familia tendrá que recorrer varias ventanillas para obtener una prestación o si la Administración será capaz de coordinarse sin trasladarle sus problemas internos. Un derecho que requiere conocimientos especializados para ejercerse termina favoreciendo a quienes ya disponen de más recursos.

Nos hemos acostumbrado a confundir el anuncio con el resultado. Una norma puede ser necesaria y, al mismo tiempo, insuficiente. Si no tiene personal, desarrollo reglamentario, financiación estable y mecanismos de seguimiento, corre el riesgo de convertirse en una promesa suspendida. La frustración posterior no siempre castiga únicamente a quien la formuló. Con frecuencia erosiona algo más profundo: la confianza en que lo público pueda resolver problemas. Los discursos autoritarios encuentran terreno fértil precisamente ahí, donde la democracia reconoce una necesidad, pero no logra responder a ella.

Sería un error aceptar entonces la falsa elección entre una Administración garantista e ineficaz y un poder expeditivo sin controles. Necesitamos garantías porque los ciudadanos no somos súbditos; necesitamos eficacia porque tampoco podemos vivir esperando indefinidamente. Simplificar no debe significar desproteger. Puede significar eliminar documentos que la propia Administración ya posee, aclarar responsabilidades, coordinar expedientes y ofrecer una atención comprensible. Los controles inteligentes previenen arbitrariedades sin convertir cada procedimiento en una carrera de obstáculos. La buena regulación no se mide por su volumen, sino por su utilidad y su justicia.

También debemos hablar con honestidad de quienes sostienen los servicios públicos. No basta con invocar su vocación cuando faltan equipos, herramientas o continuidad. Una organización que pierde conocimiento con cada relevo, que apenas forma a sus profesionales o que premia más evitar cualquier riesgo que solucionar un problema acaba debilitándose. Necesitamos selección rigurosa, aprendizaje permanente y una dirección pública profesional sometida a evaluación. Defender lo público exige poder examinar sus fallos sin desprestigiar a quienes trabajan en ello, del mismo modo que reconocer su compromiso no obliga a justificar cualquier funcionamiento.

En España, esta tarea reclama además una mirada territorial madura. Nuestra estructura descentralizada permite proximidad y adaptación, pero necesita cooperación cotidiana. No podemos pedirle a una persona dependiente, a una pequeña empresa o a un estudiante que descifre las fronteras competenciales antes de obtener una respuesta. La lealtad institucional se demuestra cuando las administraciones comparten información con garantías, acuerdan criterios y resuelven conflictos sin convertir al ciudadano en rehén. Ni la centralización automática arregla todas las dificultades ni la autonomía exonera de rendir cuentas. Gobernar juntos también es gobernar mejor.

La transformación digital ofrece posibilidades importantes, siempre que no la confundamos con cerrar una ventanilla y abrir una aplicación. Una administración accesible debe funcionar para quien tiene habilidades tecnológicas y para quien necesita acompañamiento presencial. Si incorporamos inteligencia artificial a la gestión pública, tendremos que saber qué decisiones ayuda a tomar, con qué datos y bajo qué supervisión. No podemos automatizar una desigualdad y presentarla como modernización. El recurso ante una decisión, la protección de la intimidad y la responsabilidad humana deben formar parte del diseño, no añadirse después de un daño.

Por eso deberíamos exigir a las candidaturas algo más preciso que una sucesión de compromisos. Cada propuesta relevante tendría que explicar quién la ejecutará, qué obstáculos previsibles encuentra y cómo conoceremos sus avances. Necesitamos evaluaciones públicas que sirvan para corregir, no únicamente para celebrar. Y necesitamos admitir que una política puede perseguir un objetivo justo y requerir cambios en su aplicación. Rectificar con evidencias no es traicionar un proyecto; es tomárselo en serio. La oposición, los órganos de control y la sociedad civil tienen aquí una función constructiva insustituible.

No recuperaremos la confianza prometiendo que todo será sencillo. Podemos recuperarla haciendo que lo difícil deje de parecer imposible y que lo cotidiano deje de resultar humillante. Una ayuda que llega, un expediente que se entiende o una respuesta que no obliga a empezar de nuevo también construyen ciudadanía. En estas elecciones deberíamos reservar espacio para esa ambición menos vistosa y más transformadora: un Estado que llegue. No un Estado omnipresente, sino competente, cercano y justo. Nos corresponde exigirlo, sostenerlo y mejorarlo entre todos.