Sin hechos no hay elección

Una democracia empieza a deteriorarse cuando discutir deja de significar contrastar razones y pasa a consistir en defender realidades incompatibles. Podemos discrepar sobre impuestos, inmigración, vivienda o política exterior; debemos hacerlo, porque ninguna sociedad libre cabe en una sola interpretación. Pero necesitamos reconocer qué ocurrió, qué permanece incierto y qué constituye una promesa. Desde España, al pensar en cualquier eventual escenario electoral, deberíamos preguntarnos si estamos cuidando ese suelo compartido. No se trata de exigir unanimidad ni de conceder a nadie el monopolio de la verdad. Se trata de impedir que la mentira organizada termine decidiendo aquello que corresponde decidir a la ciudadanía.

La desinformación no equivale al error periodístico, a la propaganda reconocible o a una opinión desagradable. Su rasgo decisivo es la manipulación deliberada del contexto para alterar nuestra percepción: un vídeo recortado, una imagen fabricada, una atribución falsa o una sospecha repetida hasta parecer probada. Tampoco necesita convencernos de una versión concreta. A veces le basta con persuadirnos de que todas las versiones son fraudulentas. Ese cinismo resulta políticamente rentable: si nada merece confianza, la lealtad al grupo sustituye a la comprobación y cualquier abuso propio puede justificarse señalando otro supuesto abuso ajeno.

Sería cómodo atribuir esta degradación exclusivamente a actores extranjeros o a tecnologías nuevas. Las interferencias exteriores constituyen un riesgo, pero encuentran oportunidades donde ya existen fracturas internas, medios debilitados e instituciones opacas. La fabricación automática de contenidos amplifica el problema; no inventó nuestra inclinación a aceptar aquello que confirma nuestros prejuicios. También participan quienes filtran datos de forma interesada, convierten una investigación en condena o presentan como certeza lo que todavía requiere prueba. La defensa democrática perdería credibilidad si denunciáramos únicamente las manipulaciones que perjudican a nuestras preferencias.

En ese terreno prosperan las ofertas autoritarias. La ultraderecha suele transformar conflictos complejos en una pugna entre una comunidad supuestamente auténtica y quienes serían extraños a ella. Determinadas expresiones de la ultraizquierda convierten el desacuerdo institucional en evidencia de una dominación que solo podría romperse deslegitimando los contrapesos. No son fenómenos idénticos ni tienen necesariamente la misma fuerza, historia o peligrosidad. Debemos examinarlos según sus conductas y contextos, no mediante una simetría automática. Lo que merece nuestra oposición es cualquier proyecto que retire legitimidad al adversario, rebaje los derechos individuales o trate el pluralismo como un obstáculo provisional.

La respuesta tampoco puede consistir en llamar extremista a toda demanda incómoda. Quien protesta por un alquiler imposible, una lista de espera o un empleo inseguro no está atacando la democracia. Puede estar reclamando que cumpla su promesa. Cuando las fuerzas institucionales confunden moderación con resignación, dejan sin representación sufrimientos reales. Y cuando responden a esos sufrimientos únicamente con advertencias sobre los peligros del adversario, convierten la defensa democrática en una petición de paciencia indefinida. Necesitamos reformas capaces de reducir la vulnerabilidad material, precisamente para que el miedo deje de ser el recurso político más abundante.

Si España afrontara una convocatoria electoral, sería deseable que el debate comenzara con compromisos verificables de todas las candidaturas. Identificar los anuncios pagados, conservar un archivo accesible de sus mensajes y explicar qué criterios utilizan para dirigirlos a determinados públicos permitiría conocer mejor cómo intentan persuadirnos. También deberían señalar de manera visible los contenidos sintéticos que puedan confundirse con documentos reales. No hablamos de impedir la sátira o la creatividad, sino de evitar que una simulación suplante una prueba. La transparencia debe alcanzar igualmente a intermediarios, agencias y redes de difusión contratadas.

El periodismo tiene una responsabilidad que no puede descargar en las plataformas. Publicar una acusación y relegar su desmentido a un lugar marginal altera el juicio público aunque cada pieza, por separado, parezca formalmente correcta. Necesitamos distinguir información, interpretación y publicidad; mostrar cómo se verificó un contenido y corregir con una relevancia proporcionada al error. También necesitamos modelos económicos que hagan posible ese trabajo. Las ayudas públicas, cuando existan, deberían distribuirse mediante criterios transparentes, supervisión independiente y garantías contra la dependencia editorial. Una prensa sostenida por el favor político no puede fiscalizarlo con libertad suficiente.

La regulación de las plataformas exige otra cautela. Un Gobierno no debe convertirse en árbitro general de las opiniones aceptables. La intervención legítima ha de concentrarse en obligaciones comprobables: transparencia publicitaria, acceso protegido para investigadores, evaluación de riesgos y procedimientos de reclamación. Las decisiones sobre contenidos necesitan motivación, posibilidad de recurso y control judicial cuando corresponda. Además, conviene estudiar los incentivos de los sistemas de recomendación. Si la arquitectura recompensa sistemáticamente la indignación engañosa, perseguir publicaciones aisladas será como retirar agua sin reparar la tubería. Podemos exigir responsabilidad empresarial sin fundar un ministerio de la verdad.

La ciudadanía necesita herramientas, pero sería injusto trasladarle toda la carga. No podemos pedir a una persona que trabaja, cuida y llega agotada a casa que investigue cada mensaje como una redacción profesional. La alfabetización mediática debería incorporarse a la educación y a los espacios comunitarios con prácticas sencillas: localizar la fuente original, distinguir una correlación de una causa, reconocer una imagen descontextualizada. A la vez, las administraciones han de publicar datos comprensibles y explicar sus incertidumbres. La información oficial oscura o tardía abre vacíos que otros llenan con relatos más simples y menos honestos.

Hay un ámbito especialmente sensible: la confianza en los procedimientos electorales. Antes de cualquier votación, las instituciones competentes deberían explicar de forma accesible cómo funcionan las garantías, la supervisión y las vías de impugnación. La fiscalización partidaria y ciudadana forma parte de la legitimidad; no es una molestia que deba silenciarse. Pero denunciar irregularidades requiere aportar indicios y aceptar su examen conforme a reglas conocidas. Si un actor solo reconoce el procedimiento cuando gana, no está defendiendo su limpieza: está condicionando la validez de la democracia a su propia victoria.

También debemos recuperar un vocabulario político que admita grados, límites y rectificaciones. Una propuesta puede resultar insuficiente sin ser una traición; un acuerdo puede mejorar la vida colectiva sin resolverlo todo. Cuando cada decisión se presenta como una batalla definitiva, desaparece el espacio para evaluar resultados y corregir errores. La serenidad no significa falta de convicciones. Significa sostenerlas sin convertir a millones de conciudadanos en enemigos irreconciliables. Quienes aspiren a gobernar deberían demostrar que pueden explicar un problema sin deformarlo y reconocer una evidencia aunque incomode a su campaña.

Nuestra tarea común no consiste en regresar a una época imaginaria sin manipulación. Consiste en construir garantías adecuadas a un entorno donde falsificar resulta más fácil y captar atención se ha convertido en negocio. Podemos hacerlo mediante instituciones abiertas, medios solventes, plataformas responsables y una política que no tema a la complejidad. Si llegara el momento de votar, mereceríamos elegir entre proyectos, no entre ficciones. Defender ese derecho es una responsabilidad compartida y una forma concreta de esperanza: confiar en que una sociedad informada puede discutir con firmeza sin renunciar a entenderse.