Quién paga el próximo daño

Solemos hablar de los daños asociados a fenómenos meteorológicos extremos cuando las imágenes ya muestran la destrucción. Sin embargo, una parte decisiva de sus consecuencias económicas se prepara antes: en la ubicación de una promoción, en el mantenimiento de un cauce, en las condiciones de una póliza o en la falta de adaptación de un pequeño negocio. Desde España deberíamos incorporar esa dimensión a la conversación sobre prosperidad. No basta con calcular cuánto podemos producir; necesitamos preguntarnos cuánto de lo construido puede resistir y quién queda expuesto cuando esa resistencia falla.

Conviene empezar por una cautela: atribuir un episodio concreto al cambio climático exige análisis científico, y no todos los daños responden a la misma combinación de causas. Pero esa prudencia no justifica ignorar la necesidad de evaluar riesgos bajo condiciones cambiantes. La exposición, la vulnerabilidad de los edificios y la ocupación del territorio pueden agravar enormemente las consecuencias de un fenómeno adverso. La buena política distingue esos componentes porque cada uno requiere herramientas diferentes. No sustituimos el conocimiento por consignas; utilizamos el conocimiento para decidir dónde actuar primero.

El seguro permite comprender el problema. Su función consiste en repartir pérdidas inciertas entre muchas personas, no en hacer desaparecer físicamente el peligro. Cuando un daño se vuelve más probable o difícil de estimar, pueden cambiar las primas, las franquicias o las condiciones de cobertura. Para una familia, esa modificación afecta al presupuesto y a la tranquilidad. Para una empresa, puede condicionar el crédito y la continuidad de la actividad. Si dejamos toda la adaptación a decisiones individuales, quienes tienen menos recursos soportarán una proporción mayor de la inseguridad.

España cuenta con un sistema de compensación de riesgos extraordinarios que añade una dimensión colectiva a la protección aseguradora. Su existencia no debería alimentar la idea de que cualquier pérdida estará automáticamente cubierta: importan las condiciones del sistema y de la póliza correspondiente. Tampoco podemos pedir a un mecanismo de indemnización que resuelva por sí solo errores urbanísticos, insuficiencias de prevención o necesidades sociales. Asegurar, prevenir y asistir son funciones relacionadas, pero distintas. Confundirlas conduce a esperar del pago posterior lo que únicamente podía evitarse mediante una decisión anterior.

La desigualdad aparece asimismo en el patrimonio. Una vivienda puede representar casi todo el ahorro de una familia y encontrarse en un lugar cuya exposición no fue comprendida al comprar. Facilitar información fiable sobre riesgos es imprescindible, pero publicar un mapa sin acompañamiento puede reducir el valor de ese bien sin ofrecer ninguna salida. Necesitamos transparencia y transición justa a la vez: asesoramiento accesible, ayudas de adaptación según ingresos y soluciones específicas cuando permanecer resulte desaconsejable. Conocer el peligro no debería equivaler a recibir en soledad una pérdida imposible de asumir.

De ahí que la ordenación territorial sea también política económica. Autorizar nuevas construcciones donde la exposición resulta inaceptable puede generar ingresos inmediatos y trasladar costes futuros al conjunto de la sociedad. Debemos incorporar evaluaciones actualizadas a las decisiones urbanísticas, reforzar la supervisión y evitar que las excepciones vacíen las prohibiciones. Al mismo tiempo, los municipios necesitan recursos para conservar espacios que cumplen funciones protectoras aunque no produzcan rentabilidad inmobiliaria. Si premiamos fiscalmente la expansión y no el cuidado del territorio, estaremos empujando a las administraciones locales en la dirección equivocada.

La adaptación exige escoger inversiones y explicar sus límites. En algunos lugares convendrá mejorar drenajes, rehabilitar edificios o recuperar suelos permeables; en otros, proteger instalaciones esenciales o modificar usos. Ninguna obra ofrece seguridad absoluta, y determinadas infraestructuras pueden desplazar el riesgo hacia otro punto. Por eso deberíamos comparar alternativas, evaluar efectos territoriales y reservar financiación para mantenimiento. La inauguración tiene visibilidad política; la inspección periódica, mucha menos. Sin embargo, un equipamiento descuidado puede perder precisamente la capacidad protectora que justificó su construcción.

Los pequeños negocios merecen una atención específica. Una gran empresa puede diversificar proveedores, contratar asesoramiento y repartir actividad entre instalaciones. Un taller o un comercio depende a menudo de un único local y dispone de escaso margen para detenerse. Las políticas de adaptación deberían incluir diagnósticos sencillos, apoyo técnico y financiación para medidas proporcionadas. También necesitamos planes de continuidad para servicios de proximidad. Cuando desaparecen varios establecimientos después de un daño, el barrio pierde empleo, abastecimiento y relaciones cotidianas; la recuperación no se mide únicamente reparando paredes.

La respuesta pública posterior debería combinar rapidez y trazabilidad. Podemos preparar procedimientos de emergencia, criterios de elegibilidad y sistemas de verificación antes de necesitarlos, en lugar de improvisar cada vez. Las ayudas han de coordinarse con las indemnizaciones para evitar duplicidades sin abandonar a quienes carecen de cobertura suficiente. Y la reconstrucción debería incorporar mejoras de seguridad cuando sean viables, no reproducir mecánicamente la vulnerabilidad anterior. Esto exige personal administrativo, información interoperable y acompañamiento presencial: una solicitud digital no resuelve por sí sola la angustia de quien ha perdido sus documentos.

Existe, finalmente, una dimensión europea y global. Las cadenas de suministro, los mercados financieros y los sistemas aseguradores transmiten impactos más allá del territorio afectado. Nos interesa cooperar en investigación, prevención y financiación de la adaptación, también con países que disponen de menos recursos. En casa, el principio puede formularse con sencillez: proteger mejor antes y repartir justamente el coste inevitable después. No podremos prometer ausencia de daños. Sí podemos construir una economía que no convierta cada adversidad en una máquina de desigualdad. Esa seguridad compartida merece ocupar el centro de nuestra idea de progreso.