La vivienda y el contrato social

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que trabajar y ahorrar bastaba para poner una llave en la puerta. Hoy no. Hoy un sueldo medio no llega para el alquiler en la mayoría de las ciudades y ni siquiera, en muchas, para acceder a la compra. Y esto no es una anécdota de mercado: es la rotura del contrato social.

Cuando una generación entera descubre que el esfuerzo no se traduce en un techo, no queda decepción: queda rabia. Y esa rabia, no lo olvidemos, la recogen los primeros que se presentan a recogerla. No todos, pero muchos, y precisamente los que prometen culpables y no viviendas.

Nosotros sostenemos que la vivienda no es un activo financiero más: es un derecho, y el Estado tiene la obligación de actuar. Con parque público amplio y bien gestionado, con suelo residencial liberado, con impuestos a la especulación y al piso vacío, con medidas de mediación entre caseros y casados, y con el precio regulado donde el mercado haya fallado.

El problema no se resuelve en una legislatura, pero se agrava en una sola si nadie empieza. Y cada año que pasa sin política de vivienda, sube el voto de la rabia y baja la esperanza de una generación. Hacer una política de vivienda seria no es populismo: es la defensa del propio proyecto democrático.