No todo malestar es un diagnóstico

Este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, podemos celebrar que el sufrimiento psicológico haya dejado de ser un asunto condenado al silencio. Hablar de ello permite pedir ayuda, reconocer síntomas y desmontar prejuicios. Pero la mayor visibilidad no resuelve por sí sola una pregunta esencial: qué respuesta encuentra una persona cuando reconoce que no puede seguir como hasta ahora. Entre la conversación pública y una atención adecuada todavía debemos construir servicios, criterios y vínculos de confianza.

Necesitamos sostener dos ideas a la vez. Los trastornos mentales requieren reconocimiento, diagnóstico profesional y tratamientos adecuados; no se superan simplemente con voluntad. Al mismo tiempo, no toda tristeza, frustración o inquietud constituye una enfermedad. Confundir ambas realidades puede trivializar los problemas graves y convertir experiencias humanas difíciles en etiquetas apresuradas. La prudencia clínica no consiste en restar importancia al sufrimiento, sino en comprenderlo antes de decidir qué ayuda necesita cada persona y en qué momento.

Esa distinción resulta especialmente importante en la infancia y la adolescencia. Las redes sociales pueden ofrecer apoyo y lenguaje para expresar lo que ocurre, pero también difundir autodiagnósticos y explicaciones demasiado simples. No deberíamos responder con alarma permanente ni con desinterés. Familias y centros educativos necesitan orientación para identificar señales de riesgo, escuchar sin juzgar y recurrir a profesionales cuando corresponda. La escuela puede prevenir y acompañar, pero no debe convertirse en una consulta improvisada ni cargar al profesorado con responsabilidades clínicas.

La respuesta sanitaria exige equipos capaces de trabajar de manera coordinada. La atención primaria, la psicología clínica, la psiquiatría, la enfermería especializada y los recursos comunitarios cumplen funciones distintas y complementarias. No existe una intervención única válida para todos. Los medicamentos pueden ser necesarios y beneficiosos cuando están indicados; la atención psicológica también debe estar disponible según la necesidad clínica. Defender la sanidad pública significa que esas decisiones dependan de una evaluación rigurosa, no de la capacidad económica para buscar alternativas.

También debemos salir de la consulta para hablar de prevención. La inseguridad laboral, el acoso, la discriminación o la soledad pueden contribuir al malestar, aunque no expliquen por sí solos todos los trastornos. Reconocer esa relación no equivale a politizar un diagnóstico: equivale a no pedirle al sistema sanitario que repare en solitario daños evitables. Una empresa que previene riesgos psicosociales, un barrio con espacios de encuentro o una administración que combate la exclusión participan igualmente en la protección de la salud.

Hay, además, personas con trastornos mentales graves cuya presencia sigue siendo escasa en esta conversación. Sus derechos no pueden reducirse a campañas de sensibilización. Necesitan continuidad asistencial, apoyos para vivir en comunidad y oportunidades de participación, sin que su identidad quede absorbida por un diagnóstico. Podemos construir una sociedad que escuche mejor sin diagnosticarlo todo y que trate con rigor sin deshumanizar a nadie. El compromiso empieza cuando dejamos de pedir únicamente resistencia individual y asumimos que ofrecer ayuda adecuada es una responsabilidad compartida.