Negociar antes del abismo

Hay una confusión peligrosa en nuestra conversación internacional: considerar que negociar con un adversario equivale a concederle legitimidad moral. Si aceptáramos esa premisa, la diplomacia solo sería posible entre quienes ya están de acuerdo, precisamente donde resulta menos necesaria. El control de armamentos nació de una intuición más sobria: gobiernos enfrentados pueden compartir el interés de evitar una catástrofe sin reconciliar sus proyectos políticos. Desde España necesitamos recuperar esa distinción. Defender a las sociedades amenazadas y mantener vías para reducir riesgos no son tareas incompatibles; deberían formar parte de una misma responsabilidad.

El peligro nuclear ocupa un lugar singular porque sus consecuencias desbordarían cualquier cálculo convencional de victoria. No necesitamos afirmar que una escalada sea inminente para reconocer la gravedad de un sistema expuesto al error humano, la interpretación equivocada o el fallo técnico. La disuasión pretende impedir un ataque haciendo insoportable su coste, pero depende de percepciones y comunicaciones que nunca son perfectas. Suponer que todos los actores interpretarán siempre correctamente las señales del contrario no es realismo estratégico. Es una confianza extraordinaria en instituciones y personas sometidas a presiones extremas.

La proliferación plantea además una tensión que no podemos resolver mediante sermones. Un Estado que se considera amenazado puede interpretar el armamento nuclear como una garantía última de supervivencia. Esa búsqueda individual de seguridad aumenta, sin embargo, la inseguridad del entorno y puede incentivar nuevas adquisiciones. Romper la dinámica requiere trabajar sobre sus causas: garantías creíbles, arreglos regionales, mecanismos de inspección y consecuencias previsibles ante incumplimientos. No basta con exigir renuncias si no se aborda el temor que hace atractiva la escalada. Comprender ese temor no significa aceptar cualquier conducta derivada de él.

Por eso debemos distinguir entre negociar restricciones y premiar agresiones. Un acuerdo sobre notificación de maniobras o prevención de incidentes no resuelve una disputa territorial ni obliga a normalizar relaciones. Puede coexistir con sanciones, apoyo defensivo a un país atacado y exigencias de responsabilidad jurídica. La separación de ámbitos permite reducir riesgos sin intercambiar derechos ajenos como moneda diplomática. Una política exterior seria debe explicar qué se negocia, qué queda fuera y a quién afectan sus decisiones. La ambigüedad puede facilitar un contacto inicial, pero no debería encubrir concesiones que nadie está dispuesto a defender públicamente.

La verificación constituye el núcleo práctico de cualquier avance. Las declaraciones de buena voluntad sirven de poco si no existen procedimientos para comprobar compromisos, investigar discrepancias y responder a obstáculos. Dependiendo del acuerdo, pueden combinarse intercambios de información, inspecciones, observación técnica y canales de consulta. Ningún sistema elimina toda incertidumbre; el objetivo es reducirla lo suficiente para que incumplir resulte más difícil y detectable. Conviene recordar esta modestia metodológica: un pacto útil no exige conocerlo todo, pero sí saber qué puede comprobarse y qué riesgos permanecen abiertos.

Las tecnologías emergentes añaden dificultades. La combinación de capacidades cibernéticas, sistemas espaciales y herramientas automatizadas puede alterar la percepción de vulnerabilidad y comprimir el tiempo disponible para decidir. No debemos atribuir capacidades concretas a sistemas sobre los que carecemos de información verificable. Sí podemos defender un principio preventivo: cuanto más graves sean las consecuencias de una decisión, mayor debe ser la responsabilidad humana identificable. Mantener supervisión efectiva, evitar automatismos de escalada y proteger los canales de comunicación debería ser una prioridad diplomática, no una reflexión posterior a un incidente.

Incluso cuando un tratado ambicioso parezca inviable, hay medidas parciales que merece la pena explorar. Avisar de determinados ejercicios, acordar procedimientos ante encuentros militares peligrosos o mantener comunicaciones de emergencia puede impedir que un episodio limitado adquiera una dimensión estratégica. Estos mecanismos necesitan pruebas periódicas, interlocutores autorizados y protocolos conocidos. Un teléfono instalado no garantiza que alguien responda ni que disponga de autoridad para aclarar lo sucedido. La prevención exige una rutina de cooperación técnica capaz de sobrevivir a periodos de hostilidad política.

Europa puede contribuir mediante su experiencia diplomática, sus capacidades científicas y su peso económico, aunque sus Estados no compartan exactamente la misma posición estratégica. España debería reforzar equipos especializados, apoyar mecanismos internacionales de supervisión y promover continuidad entre gobiernos en materias de reducción de riesgos. También nos corresponde participar con seriedad en las responsabilidades de seguridad compartidas. Una defensa suficiente y una diplomacia persistente no deberían competir por la legitimidad pública: la primera puede proteger el margen de negociación; la segunda evita que la preparación militar se convierta en el único lenguaje disponible.

La dimensión democrática importa tanto como la técnica. Las decisiones sobre seguridad necesitan cierto grado de confidencialidad operativa, pero no pueden quedar al margen del control parlamentario ni de una explicación comprensible de sus objetivos. Debemos discutir costes, compromisos y alternativas sin convertir toda discrepancia en una sospecha de deslealtad. También conviene sostener conocimiento público especializado: universidades, centros de investigación y periodismo capaz de distinguir capacidades, doctrinas y propaganda. Una sociedad que únicamente recibe amenazas grandilocuentes tendrá dificultades para valorar un acuerdo discreto que reduzca de verdad su vulnerabilidad.

No proponemos una confianza ingenua en adversarios ni un desarme unilateral presentado como solución universal. Proponemos recuperar la ambición concreta de impedir lo irreparable. Habrá negociaciones fallidas, verificaciones incompletas y gobiernos que utilicen el diálogo para ganar tiempo; precisamente por eso necesitamos instrumentos sólidos y criterios exigentes. La alternativa no puede ser resignarnos a una escalada sin salida política. Nuestra responsabilidad colectiva consiste en sostener la protección de hoy mientras abrimos posibilidades para un mañana menos peligroso. Negociar antes del abismo no es olvidar los conflictos: es negarnos a que su desenlace quede abandonado al accidente.