Nadie representa al pueblo entero

Toda democracia necesita tomar decisiones, pero ninguna debería permitir que quien decide se apropie de la sociedad. Esta distinción parece elemental hasta que una crisis, una victoria electoral o una movilización intensa se utilizan para afirmar que existe una sola voluntad legítima. Entonces, quienes discrepan dejan de ser ciudadanos con argumentos y pasan a ser obstáculos, intrusos o enemigos. No hace falta que desaparezcan las urnas para que esa degradación comience. Basta con que la competencia política pierda su condición fundamental: aceptar que el adversario conserva el derecho a gobernar si obtiene apoyo suficiente conforme a las reglas.

La tentación de representar al pueblo entero puede adoptar vocabularios diferentes. En unas versiones, se apela a una identidad nacional supuestamente homogénea; en otras, a una clase social cuya voz alguien se arroga en exclusiva. La primera puede expulsar simbólicamente a quienes tienen otro origen, otra religión o una forma distinta de entender la pertenencia. La segunda puede reducir toda discrepancia a la defensa interesada de un privilegio. No debemos equiparar automáticamente movimientos ni contextos. Sí debemos identificar el mecanismo compartido cuando aparece: convertir una parte real de la sociedad en el único sujeto autorizado para hablar por todos.

Las experiencias autoritarias del mundo muestran que conservar procedimientos electorales no garantiza una competencia abierta. Puede votarse en un entorno donde los recursos públicos favorecen sistemáticamente al poder, los medios críticos soportan presiones y las organizaciones independientes encuentran obstáculos desproporcionados. La cuestión no es solo si hay una papeleta disponible, sino si existe una posibilidad efectiva de alternancia. Desde España y desde Europa debemos aplicar ese criterio con consistencia, también cuando un gobierno extranjero comparte alguna de nuestras preferencias económicas o geopolíticas. La afinidad no convierte el abuso en una excepción tolerable.

Comprender el atractivo de las promesas de mando absoluto requiere escuchar experiencias concretas de impotencia. Quien acumula trámites incomprensibles, salarios insuficientes o años de espera ante un problema puede concluir que las garantías solo protegen a quienes ya disponen de recursos. Esa conclusión es peligrosa, pero no nace siempre de una inclinación autoritaria previa. A veces expresa el fracaso de las vías ordinarias para obtener respuesta. Defender los contrapesos exige, por tanto, impedir que se conviertan en una coartada para la inacción. Un procedimiento garantista también debe ser comprensible, accesible y capaz de resolver.

Las emergencias ofrecen una prueba especialmente exigente. Ante una amenaza grave, puede ser necesario adoptar medidas excepcionales. Precisamente por eso deben definirse su finalidad, su alcance y las condiciones de su retirada. Una facultad extraordinaria no debería prolongarse porque resulte cómoda ni extenderse a problemas distintos de los que justificaron su aprobación. Necesitamos supervisión parlamentaria, revisión judicial y explicaciones públicas proporcionadas a la gravedad de la restricción. No se trata de desconfiar por sistema de quien gobierna, sino de reconocer que ninguna buena intención sustituye a una garantía institucional.

También debemos cuidar el lenguaje de la legitimidad. Una victoria concede autoridad para desarrollar un programa dentro del orden constitucional; no certifica la superioridad moral de quienes la obtienen. Una derrota tampoco convierte todas las propuestas perdedoras en ideas ilegítimas. Cuando confundimos resultados con virtudes, hacemos imposible cualquier rectificación: ceder parece una traición y escuchar parece una debilidad. Podemos discrepar profundamente sobre impuestos, educación o política exterior y seguir reconociendo que la otra parte representa preocupaciones reales. Ese reconocimiento no obliga a pactarlo todo; permite discutir sin destruir el terreno compartido.

La desinformación agrava esta dinámica cuando ofrece a cada comunidad política una realidad cerrada. Sin embargo, no basta con imaginar un árbitro que elimine todo contenido falso. La censura imprecisa puede entregar al poder un instrumento contra la crítica y reforzar la narrativa de quienes se presentan como perseguidos. Conviene distinguir entre opinión, error, manipulación organizada y conductas delictivas. Las respuestas deben incluir transparencia sobre publicidad política, acceso de investigadores a datos pertinentes con garantías de privacidad y procedimientos de recurso frente a decisiones de las plataformas. La protección de la conversación pública necesita reglas verificables, no guardianes infalibles.

Hay, además, una infraestructura democrática que suele recibir menos atención que las grandes instituciones: asociaciones vecinales, organizaciones profesionales, sindicatos, entidades culturales y medios locales. En esos espacios aprendemos a negociar con personas a las que no hemos elegido por afinidad. Cuando se debilitan, queda una relación más directa y emocional entre individuos aislados y liderazgos que hablan en su nombre. Apoyar esa vida asociativa exige financiación transparente, autonomía y acceso plural a los recursos públicos. Su función no debe ser aplaudir a las administraciones, sino organizar intereses y permitir que los conflictos lleguen a las instituciones antes de enquistarse.

La defensa democrática requiere igualmente reglas internas en las organizaciones que reclaman transformar la sociedad. No resulta coherente exigir pluralismo fuera y castigar toda discrepancia dentro; tampoco denunciar el personalismo mientras se entrega a una sola figura la capacidad de interpretar cada decisión colectiva. Las organizaciones democráticas necesitan procedimientos de sustitución, rendición de cuentas y protección frente al abuso. Estos requisitos pueden parecer menos apasionantes que una gran consigna, pero determinan si un proyecto podrá sobrevivir a sus fundadores y corregir sus errores sin romperse.

Nos corresponde defender una convicción exigente: nadie sobra en la comunidad política por disentir, aunque ninguna conducta quede exenta de responsabilidad por presentarse como disidencia. Podemos proteger derechos y sancionar delitos, escuchar agravios y rechazar intimidaciones, impulsar reformas profundas y preservar controles. No estamos condenados a elegir entre inmovilidad y autoritarismo. Existe una tarea más difícil y más fértil: construir instituciones capaces de cambiar sin quedar capturadas por quienes dirigen el cambio. Ahí reside una esperanza razonable, sostenida no por la unanimidad, sino por nuestra disposición a compartir el poder con quienes no piensan como nosotros.