Las reglas también nos obligan

La prueba más difícil de una convicción llega cuando cumplirla incomoda a nuestros aliados. En política internacional abundan las apelaciones al derecho, a la soberanía y a la protección de los civiles; escasea la disposición a mantenerlas cuando interfieren con intereses comerciales o compromisos estratégicos. No vivimos esa contradicción desde fuera. Como sociedad española, formamos parte de alianzas, mercados e instituciones que nos protegen y también nos comprometen. Por eso debemos preguntarnos qué política exterior queremos sostener cuando una respuesta jurídicamente consistente tiene costes y cuando una ventaja inmediata amenaza con vaciar de contenido las reglas que invocamos.

El derecho internacional nunca ha eliminado la desigualdad de poder. Sus instituciones dependen de decisiones estatales, sus mecanismos de cumplimiento son incompletos y sus procedimientos pueden resultar desesperadamente lentos. Pero deducir de esas limitaciones su inutilidad sería un error. Las normas permiten documentar responsabilidades, organizar cooperación y ofrecer a los actores menos poderosos argumentos que no dependen de su fuerza militar. Cuando desaparecen los criterios compartidos, no llega una sinceridad saludable a las relaciones internacionales. Llega un mundo donde las diferencias se resuelven con una capacidad de presión que España, por sí sola, no podría igualar.

La aplicación selectiva de esas normas tiene consecuencias que van más allá de la reputación. Cuando condenamos una agresión y relativizamos otra comparable por conveniencia, debilitamos nuestra capacidad para formar coaliciones futuras. Los gobiernos a los que pedimos apoyo recuerdan las excepciones; sus sociedades también. No debemos interpretar cualquier distancia respecto a las posiciones occidentales como adhesión a un bloque rival. Puede expresar intereses propios, experiencias históricas o desconfianza ante promesas incumplidas. Escuchar esas razones no exige aceptar todos sus argumentos. Exige abandonar la idea de que nuestra interpretación merece obediencia antes de haber demostrado consistencia.

La coherencia, sin embargo, no equivale a tratar situaciones distintas como si fueran idénticas. Debemos examinar responsabilidades, capacidades, obligaciones y hechos acreditados en cada caso. Tampoco significa repartir condenas en proporciones cómodas para parecer imparciales. Significa utilizar el mismo método: distinguir combatientes y civiles, rechazar los castigos colectivos, investigar posibles crímenes y defender las obligaciones aplicables con independencia de la bandera. Podemos reconocer el derecho de un Estado a proteger a su población y cuestionar los medios empleados. Podemos denunciar a un grupo armado sin convertir a toda una comunidad en responsable de sus actos.

Desde España, una alternativa concreta comenzaría por someter las decisiones sensibles a controles comprensibles. Las exportaciones de material militar deberían evaluarse con criterios rigurosos sobre destino, uso previsible y riesgo de vulneraciones graves, acompañados de información parlamentaria suficiente y de revisión cuando cambien las circunstancias. No toda información operativa puede hacerse pública, pero la confidencialidad no debería impedir conocer la lógica de una autorización. También convendría explicar cómo se supervisa el cumplimiento y qué ocurre ante indicios de desvío. Sin seguimiento, una condición escrita puede convertirse en una cobertura administrativa sin eficacia real.

Las sanciones requieren una exigencia parecida. Presentarlas como respuesta automática permite aparentar firmeza sin discutir su efecto. Debemos precisar qué conducta buscan modificar, sobre quién ejercen presión, cómo limitan los daños a la población y bajo qué condiciones podrían revisarse. Las medidas dirigidas a responsables, redes financieras o tecnologías sensibles no plantean los mismos riesgos que restricciones económicas generales. Además, una sanción sin una salida diplomática reconocible puede consolidar posiciones en lugar de alterarlas. La evaluación no debilita la presión: ayuda a distinguir entre una herramienta útil y un gesto cuyo coste soportan quienes menos pueden influir.

Negociar, por otra parte, no es conceder legitimidad moral a todo interlocutor. La diplomacia existe precisamente porque necesitamos hablar con actores cuyos métodos rechazamos. Un alto el fuego, un intercambio de personas retenidas o un acceso humanitario pueden requerir contactos incómodos. El problema aparece cuando la negociación sustituye indefinidamente la rendición de cuentas o cuando se utiliza para premiar hechos consumados. Necesitamos combinar objetivos inmediatos de protección con horizontes de justicia, sin prometer que encajarán de manera sencilla. A veces habrá tensiones reales. Reconocerlas permite decidir con mayor honestidad que esconderlas detrás de una retórica de pureza o inevitabilidad.

La dimensión económica de esta política resulta igualmente importante. No podemos reclamar estabilidad internacional mientras ignoramos las condiciones laborales, ambientales o financieras que acompañan nuestras cadenas de suministro. Una diversificación responsable debería reducir dependencias peligrosas sin trasladar los riesgos a países con menor capacidad negociadora. Los acuerdos comerciales pueden incorporar mecanismos verificables de protección laboral y vías accesibles para reclamar incumplimientos. La cooperación tecnológica puede incluir formación y capacidades locales, no solo ventas. Así, la relación exterior dejaría de medirse exclusivamente por el volumen de negocio y atendería también a la calidad de los vínculos que estamos creando.

Una política así necesita respaldo interno y continuidad, pero no unanimidad obligatoria. El Parlamento debería discutir objetivos, riesgos y criterios antes de que cada crisis imponga decisiones precipitadas. Los desacuerdos sobre alianzas, comercio o seguridad son legítimos; convertir al discrepante en agente de una potencia extranjera empobrece el debate, salvo que existan pruebas de una actuación ilícita. Podemos construir consensos sobre procedimientos aunque mantengamos diferencias sobre prioridades. La protección del personal diplomático, la capacidad de mediación y el conocimiento especializado merecen inversiones sostenidas: improvisar una posición suele resultar más caro que disponer de instituciones preparadas para comprender el conflicto.

No podemos garantizar un mundo justo desde España, pero sí contribuir a que resulte menos arbitrario. Esa contribución comienza cuando aceptamos que las reglas no son únicamente argumentos contra nuestros adversarios, sino límites para nuestras propias decisiones. Habrá costes, contradicciones y resultados insuficientes; no debemos ocultarlos. También habrá oportunidades de proteger vidas, reconstruir confianza y acercar posiciones que parecían incompatibles. Nuestra ambición debería ser esa: ejercer una influencia reconocible por la seriedad de sus compromisos. En un escenario internacional incierto, la coherencia no lo resuelve todo, pero proporciona un punto de apoyo para que la cooperación vuelva a ser posible.