La soberanía viaja por cable

Cuando pensamos en geopolítica, seguimos imaginando fronteras, ejércitos y reuniones de dirigentes. Pero una parte decisiva del poder contemporáneo circula por infraestructuras que apenas vemos: cables submarinos, estaciones de conexión, centros de datos y redes eléctricas. Por ellas transitan comunicaciones, operaciones económicas y servicios esenciales. Su funcionamiento cotidiano nos permite olvidar su importancia. Su interrupción, en cambio, puede recordarnos de golpe que la autonomía política también depende de cuestiones materiales.

Desde España deberíamos prestar más atención a esa geografía. Nuestra posición entre el Atlántico y el Mediterráneo, nuestra relación con África y los vínculos con América abren posibilidades de conexión, pero también responsabilidades. No basta con aspirar a ser lugar de paso para inversiones tecnológicas. Necesitamos preguntarnos qué capacidad de decisión conservamos, qué beneficios quedan en el territorio y cómo protegemos la continuidad de los servicios. Atraer infraestructura sin comprender sus dependencias puede generar actividad y, al mismo tiempo, nuevas vulnerabilidades.

El primer criterio debería ser la resiliencia. Una red segura no es únicamente la que intenta impedir una avería o un ataque, sino la que puede seguir funcionando cuando algo falla. Diversificar rutas, disponer de alternativas y preparar protocolos de reparación resulta menos vistoso que inaugurar instalaciones, pero puede ser más importante. También conviene evitar el alarmismo: una interrupción no demuestra por sí sola un sabotaje. La investigación técnica y la prudencia pública son indispensables para que la seguridad no termine alimentando una escalada de sospechas.

El segundo criterio es democrático. Debemos conocer qué obligaciones asumen los operadores privados, cómo se supervisan sus riesgos y quién responde en una emergencia. La confidencialidad operativa puede estar justificada; la ausencia de control, no. Cuando una infraestructura sostiene funciones esenciales, su interés público no desaparece porque su propiedad sea privada. Necesitamos autoridades capaces de inspeccionar, exigir planes de continuidad y coordinar respuestas, con recursos y conocimiento suficientes para no depender exclusivamente de las explicaciones de las empresas supervisadas.

Hay además una dimensión territorial que no podemos relegar. Los centros de datos requieren electricidad, suelo y, según su tecnología, recursos de refrigeración. Su implantación debe evaluarse junto a las necesidades locales y la capacidad de las redes. No toda inversión anunciada produce automáticamente desarrollo compartido. Podemos exigir compromisos verificables de eficiencia, formación y empleo, así como transparencia sobre los apoyos públicos. La modernización pierde legitimidad cuando los beneficios se concentran lejos y los costes permanecen donde se instala la infraestructura.

La respuesta europea debería sumar capacidades sin aspirar a una autosuficiencia imposible. Compartir información sobre incidentes, coordinar protección y reparación y reducir dependencias excesivas nos haría más fuertes. Esa cooperación debe extenderse a los países con los que compartimos conexiones, especialmente en nuestro entorno mediterráneo. La seguridad duradera se construye también mediante acuerdos fiables y beneficios recíprocos, no tratando a los vecinos únicamente como fuentes de riesgo.

Nos conviene, en definitiva, ampliar nuestra idea de soberanía. No consiste solo en proclamar independencia, sino en disponer de opciones cuando llega una crisis. Cuidar estas redes es cuidar la posibilidad de comunicarnos, trabajar y mantener servicios públicos. Podemos hacerlo con inteligencia estratégica y control democrático. La infraestructura más robusta será aquella cuya protección no nos obligue a renunciar a los valores que queremos preservar.