La soberanía de los cables

La soberanía suele representarse con fronteras, banderas y sedes institucionales. Sin embargo, una parte creciente de nuestra capacidad de decisión depende de infraestructuras que apenas vemos: cables submarinos, centros de datos, sistemas de identificación, servicios de computación y programas que organizan actividades esenciales. No necesitamos imaginar un apagón total para comprender su importancia. Basta con preguntarnos qué ocurriría si una administración no pudiera trasladar sus archivos a otro proveedor, si un hospital perdiera acceso a una aplicación crítica o si una empresa descubriera que las condiciones de su principal herramienta han cambiado sin alternativa viable.

La dependencia tecnológica no es necesariamente un error. La cooperación y la especialización permiten compartir costes, acceder a conocimiento y desarrollar servicios que ningún país podría producir íntegramente por sí solo. El problema aparece cuando la interdependencia se vuelve unilateral: necesitamos a un proveedor mucho más de lo que ese proveedor nos necesita, carecemos de sustitutos y desconocemos las condiciones de salida. Por eso, la pregunta estratégica no debería ser si todo está fabricado en Europa. Debería ser qué dependencias resultan aceptables, cuáles deben diversificarse y en qué capacidades necesitamos conservar una alternativa efectiva.

Europa parte de una tensión difícil. Su capacidad regulatoria puede establecer obligaciones importantes, pero una norma no crea por sí sola empresas competitivas, profesionales especializados ni infraestructura suficiente. A la inversa, promover grandes operadores sin exigencias democráticas podría sustituir una dependencia exterior por una concentración interior igualmente problemática. Necesitamos articular mercado, inversión y control público sin convertir ninguno de esos instrumentos en una solución universal. La autonomía tecnológica merece ese nombre cuando amplía las opciones de ciudadanos, administraciones y empresas, no cuando protege indefinidamente a un proveedor por el lugar donde tiene su sede.

España debería empezar por conocer mejor sus propias dependencias públicas. Un inventario de sistemas críticos permitiría identificar quién presta cada servicio, qué datos utiliza, qué legislación puede afectarlo y cuánto costaría cambiar de solución. Parte de esa información requeriría reserva por motivos de seguridad, pero los criterios generales deberían ser públicos. No podemos gestionar estratégicamente aquello que aparece disperso en contratos, departamentos y renovaciones automáticas. La continuidad de un servicio esencial debe contemplarse antes de adjudicarlo, no cuando surge un conflicto comercial o una interrupción.

La contratación pública ofrece una herramienta concreta. Los pliegos pueden exigir interoperabilidad, formatos abiertos, documentación suficiente y procedimientos probados de recuperación y traslado de datos. También deberían valorar el coste completo del servicio, incluidas las migraciones y la formación, en lugar de premiar únicamente una entrada barata. Eso no significa que todo programa deba desarrollarse dentro de la administración ni que cualquier solución abierta sea automáticamente segura. Significa preservar la capacidad de escoger de nuevo. Un contrato responsable no solo organiza cómo empieza una relación tecnológica; explica cómo podría terminar sin paralizar una institución.

La cooperación europea permitiría repartir esfuerzos que por separado resultan ineficientes. Administraciones con necesidades similares podrían compartir componentes digitales, auditorías y conocimiento técnico, adaptándolos después a sus contextos. Sería una forma práctica de europeísmo: evitar que cada territorio pague por resolver desde cero el mismo problema. Pero la coordinación debe incluir responsabilidades claras y mantenimiento estable. Una herramienta compartida que nadie actualiza acaba generando nuevas vulnerabilidades. La inversión más visible no siempre es la más útil; sostener equipos capaces de revisar, reparar y mejorar sistemas tiene un valor estratégico que rara vez aparece en una inauguración.

La inteligencia artificial añade una capa de dependencia y de responsabilidad. Cuando un sistema ayuda a ordenar expedientes o detectar patrones, necesitamos conocer sus límites. Cuando interviene en decisiones que afectan a derechos, hacen falta garantías más exigentes: trazabilidad, evaluación de errores, supervisión humana efectiva y vías de reclamación. No basta con que una persona firme al final si carece de tiempo, información o autoridad para contradecir la recomendación automatizada. La administración no puede delegar su obligación de motivar una decisión en una herramienta cuyo funcionamiento resulta inaccesible para quien sufre sus consecuencias.

Toda esta infraestructura tiene también una geografía material. Los centros de datos necesitan energía, suelo y sistemas de refrigeración; las redes ocupan espacios y requieren mantenimiento; los equipos dependen de cadenas de suministro complejas. Antes de celebrar una inversión deberíamos examinar qué empleo estable aporta, qué recursos consume y cómo se integra en las necesidades del territorio. La digitalización no está fuera de la economía física. Una política responsable debe comparar beneficios y costes locales, exigir transparencia ambiental y evitar que las comunidades anfitrionas asuman cargas desproporcionadas a cambio de promesas difíciles de evaluar.

La mirada global obliga a superar otro equívoco: autonomía no significa encerrarnos en un club europeo. Podemos construir alianzas con democracias y socios de distintas regiones, apoyar estándares comunes y favorecer que otros países desarrollen capacidad propia. Si nuestra respuesta a la concentración tecnológica consistiera únicamente en reservarnos una posición privilegiada, reproduciríamos el desequilibrio que criticamos. La cooperación debería incluir formación, conocimiento compartido y condiciones contractuales justas. Un entorno internacional con más alternativas fiables reduce las posibilidades de coerción y beneficia también a una Europa que necesita relaciones abiertas.

Finalmente, ninguna arquitectura tecnológica sustituye a las personas que deben comprenderla y gobernarla. Necesitamos perfiles técnicos en el sector público, carreras profesionales atractivas y formación suficiente para quienes contratan, supervisan y legislan. También necesitamos una ciudadanía capaz de preguntar dónde están sus datos y cómo se toman las decisiones que le afectan. La soberanía digital no llegará mediante una declaración solemne ni una aplicación presentada como milagrosa. Se construirá mediante contratos mejor hechos, competencias compartidas y alternativas reales. Podemos convertir esa tarea discreta en un proyecto europeo reconocible: que el progreso tecnológico amplíe nuestra libertad en vez de reducir nuestra capacidad de elegir.