La productividad también se reparte

Cuando hablamos de inteligencia artificial en el trabajo, solemos oscilar entre dos relatos igualmente cómodos: la abundancia que llegará por sí sola y la desaparición inevitable del empleo. Ambos nos ahorran la discusión principal. Las tecnologías no deciden cómo se distribuyen sus ventajas. Esa distribución depende de inversiones, normas, relaciones laborales y decisiones empresariales. La pregunta para España no es únicamente cuántas herramientas nuevas incorporaremos, sino qué clase de economía queremos construir con ellas y qué lugar ocuparán las personas en ese proceso.

Podemos automatizar tareas repetitivas para liberar tiempo y mejorar un servicio. También podemos utilizar la misma capacidad para intensificar ritmos, multiplicar controles y reducir la autonomía profesional. Entre ambos caminos no existe una frontera tecnológica, sino organizativa y política. Por eso resulta insuficiente celebrar cada incorporación de inteligencia artificial como si equivaliera automáticamente a un avance. Debemos examinar qué problema resuelve, qué errores introduce y quién responde cuando una recomendación automatizada perjudica a un trabajador o a un cliente.

La negociación colectiva necesita entrar en esa conversación antes de que las decisiones estén cerradas. No se trata de someter cada herramienta a un veto, sino de establecer reglas sobre evaluación, vigilancia, formación y reorganización de tareas. Cuando un sistema influye en horarios, promociones o despidos, quienes reciben sus efectos deben conocer los criterios relevantes y disponer de vías de revisión humana. La empresa conserva su capacidad de dirección, pero esa capacidad no puede ampararse en una supuesta neutralidad del algoritmo para eludir responsabilidades.

Tenemos además un desafío productivo propio. Muchas pequeñas empresas carecen de recursos para distinguir una solución útil de una promesa comercial. Corremos el riesgo de consolidar una economía a dos velocidades: organizaciones capaces de transformar sus procesos y negocios dependientes de servicios que no comprenden ni pueden sustituir fácilmente. El apoyo público debería facilitar asesoramiento independiente, competencias digitales y colaboración sectorial. Subvencionar compras sin evaluar su utilidad puede terminar financiando dependencia en lugar de innovación.

La formación tampoco puede convertirse en una obligación individual que cada persona deba resolver fuera de su jornada y con sus ahorros. Si la transformación beneficia a la organización, aprender a trabajar de otra manera debe formar parte del trabajo. Necesitamos itinerarios accesibles para quienes tienen menos cualificación, responsabilidades de cuidados o trayectorias laborales discontinuas. Y debemos reconocer el conocimiento de oficio: la experiencia que permite detectar una respuesta incorrecta, entender una excepción o advertir cuándo un procedimiento aparentemente eficiente está deteriorando la calidad.

Finalmente, necesitamos discutir el destino de las mejoras de productividad. Pueden traducirse en mejores salarios, reducción de tiempos, mayor seguridad, inversión o servicios más cuidados. Ninguno de esos resultados está garantizado. Tampoco todos serán posibles al mismo ritmo en cada sector. Precisamente por eso hacen falta acuerdos concretos, no consignas universales. Podemos aspirar a una economía más innovadora sin asumir que la inseguridad sea su combustible obligatorio. El progreso será más sólido si quienes contribuyen a hacerlo posible pueden reconocerlo en su vida cotidiana.