La productividad debe repartirse

La discusión sobre inteligencia artificial suele oscilar entre la promesa de una prosperidad casi automática y el temor a una desaparición generalizada del empleo. Ninguna de esas imágenes nos ayuda demasiado a gobernar la transformación. Desde España necesitamos formular preguntas más concretas: qué tareas pueden mejorar, qué empresas pueden incorporar esas herramientas, quién decide sus usos y cómo se distribuye el valor generado. La tecnología abre posibilidades; las instituciones, las relaciones laborales y la estructura económica determinan cuáles terminan haciéndose realidad.

Conviene empezar por una distinción básica. Automatizar una tarea no equivale necesariamente a eliminar una ocupación. Muchos trabajos combinan operaciones repetitivas, conocimiento contextual, trato humano y responsabilidad. Una herramienta puede acelerar una parte y aumentar la importancia de otra. Pero esa distinción tampoco autoriza la complacencia: reorganizar tareas puede reducir contrataciones, intensificar ritmos o degradar categorías profesionales sin producir despidos inmediatos. Necesitamos observar la transformación del empleo, no únicamente su saldo agregado, porque una economía puede mantener puestos mientras empeora su calidad.

El tejido empresarial español añade una dificultad específica. Las compañías pequeñas suelen disponer de menos recursos para evaluar proveedores, adaptar procesos y formar equipos. Si la incorporación tecnológica queda reservada a quienes ya cuentan con capital, datos y asesoramiento, puede ampliarse la distancia entre empresas. La política industrial debería facilitar capacidades compartidas: centros de apoyo sectorial, pruebas acompañadas, formación práctica y acceso a soluciones interoperables. No se trata de subvencionar cualquier producto que incluya una etiqueta novedosa, sino de identificar mejoras que resuelvan problemas comprobables.

También necesitamos evitar que la digitalización empresarial se convierta en una nueva dependencia contractual. Una organización que entrega su información y reorganiza toda su actividad alrededor de un único proveedor puede perder capacidad de negociación. Los costes aparecen después, cuando cambiar resulta difícil o cuando las condiciones del servicio se modifican. Por eso importan la portabilidad de los datos, las cláusulas de salida y la compatibilidad entre sistemas. Europa puede convertir su dimensión regulatoria y económica en una ventaja si ayuda a crear mercados abiertos, no cautiverios digitales.

La productividad, además, no es un dividendo que se reparta por sí solo. Cuando una plantilla produce más en el mismo tiempo, el beneficio puede traducirse en mejores salarios, menores precios, mayor inversión, jornadas más razonables o márgenes empresariales superiores. La combinación dependerá de la competencia y de la negociación. Debemos llevar la transformación tecnológica a los convenios colectivos antes de que sus efectos se consoliden. Información previa, participación de los trabajadores y evaluación de las cargas permiten discutir el reparto con algo más que intuiciones.

Una cuestión especialmente delicada es la gestión algorítmica. Asignar turnos, medir rendimiento o seleccionar candidatos mediante sistemas automatizados puede hacer más consistentes algunos procedimientos, pero también ocultar discriminaciones y convertir cada pausa en una sospecha. La persona afectada debe poder conocer los criterios relevantes, impugnar decisiones y obtener una revisión humana efectiva. No basta con colocar a alguien al final del proceso para confirmar lo que recomienda una máquina. La responsabilidad exige autoridad real para corregir el resultado y comprender sus limitaciones.

La formación es indispensable, aunque a menudo la invocamos como una solución demasiado cómoda. No podemos pedir a quien encadena turnos, cuida familiares o teme perder su salario que asuma en solitario el coste de adaptarse. Aprender requiere tiempo protegido, orientación y contenidos vinculados a oportunidades concretas. Empresas y administraciones deberían compartir esa responsabilidad. También necesitamos reconocer que algunas transiciones no podrán resolverse con un curso breve: exigirán acompañamiento prolongado, acreditación de competencias y apoyos económicos durante el cambio de actividad.

Hay un riesgo menos visible en los primeros escalones profesionales. Si las tareas iniciales se automatizan, puede estrecharse la puerta de entrada por la que una persona adquiere experiencia. Las organizaciones necesitan preguntarse cómo formarán a sus futuros especialistas si desaparecen los encargos que permitían aprender bajo supervisión. La respuesta puede incluir itinerarios de aprendizaje distintos, rotaciones y trabajo acompañado. Ahorrar en puestos de entrada sin reconstruir esa función formativa puede mejorar resultados inmediatos mientras debilita la capacidad profesional de los años siguientes.

La competencia merece ocupar un lugar central en esta discusión. Si la infraestructura, los modelos y los canales de distribución se concentran en pocas manos, una parte creciente del valor puede salir de los sectores que realmente prestan servicios o fabrican productos. La respuesta europea no debería consistir únicamente en buscar empresas grandes por orgullo continental. Debe facilitar investigación, capacidad de cálculo accesible, estándares abiertos y condiciones para que nuevos actores puedan competir. La autonomía económica se mide también por la posibilidad efectiva de elegir proveedor.

En el ámbito fiscal conviene evitar soluciones que parezcan claras pero resulten difíciles de aplicar. Gravar cada uso de automatización puede frenar mejoras útiles y abrir disputas interminables sobre qué constituye un robot o una sustitución laboral. Resulta más sólido proteger bases tributarias, combatir el traslado artificial de beneficios y revisar cómo contribuyen las rentas del capital a financiar los bienes comunes. Si cambia la distribución del ingreso, tendremos que adaptar la financiación de la protección social sin cargar todo el ajuste sobre los salarios.

Tampoco debemos dar por hecho que toda innovación digital mejora el balance ambiental. El funcionamiento de estas herramientas requiere energía, equipos e infraestructuras, mientras que algunas aplicaciones pueden reducir desperdicios o desplazamientos. Debemos evaluar el resultado completo y comparar alternativas. Una empresa no necesita desplegar el sistema más complejo disponible para resolver una tarea sencilla. La contratación y las ayudas públicas pueden favorecer usos proporcionados, información ambiental comparable y equipos duraderos. Innovar con criterio incluye saber cuándo una solución menos sofisticada cumple mejor su función.

El propósito no es frenar el cambio para conservar intacta la economía que conocemos. Esa economía ya contiene precariedad, desigualdad y actividades de escaso valor añadido que deberíamos transformar. Nuestro objetivo ha de ser otro: que la capacidad tecnológica amplíe la libertad de las personas en lugar de reducirla a una exigencia permanente de rendimiento. Podemos producir mejor y vivir mejor, pero esa relación necesita decisiones. El progreso merecerá ese nombre cuando permita compartir conocimiento, seguridad y tiempo, además de aumentar los beneficios.