La política después del grito

Nos equivocaríamos si interpretáramos unas futuras elecciones españolas únicamente como una competición entre siglas. Bajo cualquier escenario de participación, alianzas o alternancia, encontraríamos una pregunta anterior: cuánto crédito conserva la política para mejorar la vida sin enfrentar a unos ciudadanos con otros. No necesitamos dar por confirmada ninguna convocatoria para reconocer ese problema. Allí donde las promesas parecen intercambiables y las dificultades permanecen, el voto puede dejar de expresar una expectativa para convertirse en una sanción. Comprender esa transformación no implica justificar cualquier respuesta; significa tomarnos en serio las condiciones que la hacen posible.

La frustración democrática tiene una dimensión temporal que solemos despreciar. La ciudadanía necesita respuestas a problemas inmediatos, mientras las instituciones trabajan mediante procedimientos, presupuestos y competencias repartidas. Esa diferencia resulta soportable cuando vemos avances y entendemos los obstáculos. Se vuelve corrosiva cuando cada administración atribuye la responsabilidad a otra y nadie explica qué sucederá después. Antes de pedir paciencia, deberíamos ofrecer una secuencia reconocible de decisiones. Una lista de objetivos sin responsables ni calendario administrativo no constituye un compromiso: apenas organiza la espera con palabras más amables.

En ese espacio prosperan las ofertas políticas que prometen resolver la complejidad mediante la expulsión de algún supuesto culpable. La ultraderecha suele construir esa operación alrededor de la pertenencia nacional, la inmigración o una identidad presentada como amenazada. Las corrientes autoritarias de extrema izquierda pueden hacerlo mediante la deslegitimación del pluralismo como simple máscara de intereses económicos. No son fenómenos idénticos, ni tienen el mismo arraigo o capacidad de daño en cada país. Conviene analizarlos por separado, atendiendo a sus programas, sus prácticas y su disposición real a aceptar límites al poder.

La distinción importa también para no convertir el centro político en una coartada vacía. Una propuesta exigente de redistribución no es antidemocrática por incomodar a quienes acumulan ventajas; una posición conservadora no pertenece a la ultraderecha por defender cambios graduales. El criterio relevante aparece cuando se niega la legitimidad de la oposición, se jerarquizan derechos según el origen o se considera prescindible la independencia institucional. Necesitamos precisión para combatir el autoritarismo y amplitud para mantener dentro de la conversación democrática desacuerdos intensos sobre impuestos, servicios públicos, seguridad o costumbres.

Si una campaña se limitara a advertir sobre esos peligros, sin ofrecer mejoras creíbles, dejaría intacta una parte de su combustible. Quien encadena empleos inseguros o no consigue atención sanitaria a tiempo puede escuchar una defensa institucional como la defensa de una normalidad que le excluye. Nuestra respuesta no debe rebajar la importancia de las libertades, sino mostrar su relación con la seguridad cotidiana. Un derecho necesita garantías, pero también capacidad pública para hacerlo efectivo. La democracia se acredita cuando una persona sin influencia obtiene una respuesta que no depende de conocer a alguien.

Por eso, en un eventual debate electoral, deberíamos exigir compromisos que permitan distinguir entre una intención y una política. Si se promete reducir demoras, debe explicarse qué personal falta, qué organización cambiará y qué administración asumirá el coste. Si se ofrece una rebaja fiscal, corresponde aclarar su financiación y sus efectos distributivos. Si se anuncia una inversión, hay que reconocer los permisos, la contratación y las capacidades técnicas necesarias. Esta disciplina no elimina la ambición; evita que la ambición quede secuestrada por anuncios cuya ejecución nadie ha pensado.

También convendría cambiar la conversación sobre las alianzas. En una sociedad plural, negociar no constituye una anomalía que deba ocultarse hasta el cierre de las urnas. Las candidaturas deberían explicar con antelación sus prioridades negociables, sus incompatibilidades sustantivas y el procedimiento con el que resolverían discrepancias. No necesitamos pactos imaginarios ni aritméticas presentadas como destino. Necesitamos saber qué políticas justificarían un acuerdo y cuáles impedirían sostenerlo. La transparencia sobre los criterios de negociación ofrece más información que una sucesión de vetos personales, tan rotundos durante la campaña como reversibles después.

La responsabilidad alcanza a los medios, incluido el nuestro. Una cobertura organizada exclusivamente alrededor del enfrentamiento recompensa a quienes fabrican incidentes y castiga a quienes explican soluciones imperfectas. No podemos lamentar la degradación de la conversación mientras convertimos cada provocación en el centro de la jornada. Ante contenidos manipulados, la verificación resulta necesaria, pero llega tarde si ya hemos multiplicado su alcance. Debemos valorar el interés público antes de amplificar, distinguir entre un error y una operación deliberada, y corregir con una visibilidad proporcionada a la difusión de la falsedad.

Las plataformas digitales forman parte de ese entorno, aunque no sean responsables únicas de su deterioro. La publicidad política debería permitir conocer quién paga, a quién pretende alcanzar y qué versiones del mensaje circulan. La investigación independiente necesita vías de acceso a datos compatibles con la privacidad. Y cualquier moderación que afecte a la conversación pública debe contar con criterios comprensibles y posibilidades de recurso. No se trata de entregar a un gobierno la facultad de decidir qué opiniones son aceptables, sino de impedir que la opacidad comercial distorsione sin control una competencia democrática.

Los partidos, por su parte, difícilmente reconstruirán confianza externa si mantienen organizaciones cerradas por dentro. La selección de candidaturas, la rendición de cuentas de sus dirigentes y la incorporación de experiencia profesional y comunitaria no son asuntos meramente domésticos. Determinan qué problemas llegan a las instituciones y cuáles quedan fuera. Una organización que penaliza toda discrepancia termina confundiendo lealtad con silencio. Necesitamos partidos capaces de formar equipos, escuchar a sus territorios y reconocer errores sin interpretar cada rectificación como una derrota existencial. Gobernar exige aprender; representar también.

Nada de esto garantiza que desaparezca la polarización ni que los ciudadanos premien siempre la propuesta más rigurosa. La democracia no ofrece esa comodidad. Sí podemos reducir el espacio entre lo que prometemos y lo que estamos dispuestos a cumplir, entre el respeto que reclamamos y el que practicamos. Si España afrontara unas elecciones, nos correspondería exigir una política que no necesitara mantenernos permanentemente enfadados para seguir siendo relevante. Después del grito tiene que haber trabajo, acuerdos y resultados discutibles pero comprobables. Recuperar esa expectativa sería ya una forma seria de esperanza compartida.