La paz exige oficio

El 24 de octubre, aniversario de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas, debería servirnos para algo más que renovar adhesiones ceremoniales. Necesitamos preguntarnos qué instrumentos estamos dispuestos a sostener cuando la cooperación resulta incómoda, lenta o insuficiente. La paz no aparece porque todos compartamos buenos deseos. Requiere instituciones, conocimiento, recursos y decisiones capaces de contener la violencia sin legitimar a quienes la ejercen. Su construcción es un trabajo político exigente, no una pausa entre demostraciones de fuerza.

Desde España podemos mirar los conflictos internacionales como una sucesión de emergencias lejanas o reconocer que forman parte de nuestro entorno de responsabilidad. Sus consecuencias atraviesan rutas comerciales, movimientos de población, suministros y vínculos sociales. Pero nuestra obligación no nace únicamente de esa cercanía material. Si defendemos la dignidad humana como principio, debemos aceptar que importa también cuando protegerla no ofrece un beneficio inmediato. La cooperación pierde sentido cuando solo se justifica por el retorno que promete.

Naciones Unidas contiene una contradicción fundacional: afirma la igualdad soberana mientras atribuye facultades excepcionales a determinadas potencias en el Consejo de Seguridad. Esa arquitectura puede bloquear respuestas ante crisis graves y alimentar una percepción comprensible de arbitrariedad. No debemos ocultarlo. Tampoco conviene concluir que todo el sistema carece de utilidad. La asistencia humanitaria, la mediación, las normas compartidas y numerosos mecanismos técnicos no desaparecen porque el órgano más visible fracase en una de sus responsabilidades centrales.

Reformar esa estructura exige acuerdos difíciles precisamente entre quienes conservan mayores ventajas. Por eso necesitamos distinguir el horizonte deseable de las mejoras que pueden impulsarse sin esperar una transformación completa. Una mayor transparencia sobre los vetos, compromisos para restringir su uso ante atrocidades masivas y una representación más adecuada merecen defensa sostenida. Al mismo tiempo, podemos reforzar capacidades de investigación, coordinación humanitaria y prevención. El maximalismo reformador se vuelve estéril cuando sirve de excusa para no mejorar nada mientras tanto.

La prevención presenta un problema político conocido: cuando funciona, cuesta demostrar lo que ha evitado. Un enfrentamiento que no estalla apenas produce imágenes; una evacuación de emergencia concentra toda la atención. Esa asimetría favorece respuestas tardías. España y sus socios europeos deberían proteger presupuestos plurianuales para mediación, análisis de riesgos y presencia diplomática especializada. Mantener equipos con conocimiento de lenguas, actores e historias locales resulta menos vistoso que anunciar una iniciativa, pero suele ser indispensable para que esta tenga posibilidades.

Mediar tampoco equivale a declarar moralmente iguales a las partes. Podemos identificar una agresión, exigir responsabilidades y mantener canales de negociación. La confusión entre diálogo y absolución ha empobrecido muchas discusiones públicas. Hablar sirve para explorar condiciones verificables, facilitar intercambios humanitarios o reducir daños; no obliga a borrar lo sucedido. A la vez, una negociación que excluya sistemáticamente a las víctimas puede producir un arreglo entre dirigentes sin ofrecer una paz legítima para la población.

Por eso importa quién participa y con qué capacidad real. Incorporar a organizaciones de mujeres, autoridades locales, representantes comunitarios y personas desplazadas no debería limitarse a una fotografía de inclusión. Necesitan información, seguridad y oportunidades para modificar los términos del acuerdo. Su conocimiento puede revelar obstáculos que una negociación centrada solo en actores armados no percibe: acceso al agua, restitución de bienes, desapariciones o seguridad cotidiana. La paz se juega también en esas condiciones concretas de convivencia.

La protección humanitaria exige una separación clara respecto de los objetivos militares y de control migratorio. Si una comunidad interpreta que recibir ayuda la incorpora a una estrategia de parte, aumenta el riesgo para quienes la necesitan y para quienes la prestan. Debemos exigir acceso conforme al derecho internacional humanitario y controles que reduzcan desvíos, sin convertir cada precaución en una demora insuperable. La rendición de cuentas es esencial; la parálisis administrativa también puede causar daños graves.

Europa dispone de instrumentos económicos cuya legitimidad depende de cómo los utilice. Las sanciones necesitan objetivos definidos, revisión y mecanismos para reducir sus consecuencias sobre la población. No basta con adoptarlas para expresar una condena; hay que examinar si modifican incentivos o refuerzan economías opacas. Las excepciones humanitarias deben funcionar en la práctica, también cuando bancos y empresas evitan operaciones permitidas por temor a incumplir. Una herramienta exterior responsable evalúa resultados y corrige efectos no deseados.

La coherencia resulta igualmente necesaria en las relaciones con gobiernos aliados. Si flexibilizamos los criterios sobre derechos humanos cuando median contratos, energía o cooperación en fronteras, debilitamos nuestra capacidad de exigirlos en otros escenarios. No siempre podremos evitar decisiones entre opciones imperfectas. Sí podemos explicar sus costes, someterlas a control parlamentario y establecer condiciones revisables. Una política exterior adulta no presume de pureza; demuestra que reconoce sus contradicciones y trabaja para reducirlas, en lugar de negarlas.

España podría aportar continuidad allí donde la política internacional suele sufrir cambios de atención. Eso significa sostener compromisos de cooperación, facilitar el trabajo de organizaciones locales y aprovechar capacidades diplomáticas sin exagerar nuestro peso. También exige coordinar administraciones, universidades y entidades sociales cuando poseen conocimientos útiles, evitando iniciativas dispersas que compiten por visibilidad. La contribución más valiosa no siempre consiste en encabezar una conferencia. A veces consiste en garantizar que un proceso siga funcionando cuando deja de ocupar titulares.

Después de un acuerdo, la reconstrucción plantea decisiones distributivas que pueden reabrir el conflicto. Quién recupera una propiedad, quién accede a un contrato y qué territorios reciben primero servicios son cuestiones políticas, no detalles técnicos. La financiación internacional debería incorporar participación local, transparencia y mecanismos de reclamación. Reparar infraestructuras sin atender agravios puede consolidar las desigualdades que alimentaron la violencia. La justicia necesita formas viables y tiempos realistas, pero no puede quedar aplazada indefinidamente en nombre de la estabilidad.

Defender la cooperación hoy requiere menos solemnidad y más constancia. Podemos reconocer los fracasos del sistema internacional sin celebrar su impotencia; exigir seguridad sin abandonar el derecho; apoyar negociaciones sin renunciar a la responsabilidad por los crímenes. No existe una garantía de éxito. Existe la posibilidad de organizar mejor nuestros esfuerzos y ampliar el espacio de quienes prefieren un acuerdo a otra generación de sufrimiento. A esa tarea paciente, imperfecta y profundamente humana deberíamos darle prioridad.