La mayoría que debemos construir

Este 12 de octubre podemos preguntarnos qué significa compartir un país cuando sus ciudadanos interpretan de manera tan distinta sus problemas, sus símbolos y sus expectativas. No necesitamos una respuesta sentimental única. Necesitamos algo más práctico y, probablemente, más difícil: reconocernos como participantes legítimos de una tarea común. Desde esa convicción debemos pensar cualquier futuro escenario electoral español, sin dar por confirmadas convocatorias ni anticipar resultados. Una elección puede renovar la confianza o profundizar el agotamiento. La diferencia no depende únicamente del recuento, sino también de las propuestas, los comportamientos y las posibilidades de entendimiento que hayamos preparado antes.

Nos equivocaríamos si atribuyéramos la crispación exclusivamente al temperamento de los dirigentes. Existe una base material del desencuentro. Cuando trabajar no proporciona seguridad, emanciparse parece una promesa remota o un trámite público se convierte en una carrera de obstáculos, la paciencia democrática se estrecha. Esa frustración no determina automáticamente un voto, pero facilita las explicaciones que señalan culpables inequívocos y ofrecen soluciones instantáneas. Por eso, defender la convivencia exige algo más que buenos modales parlamentarios: exige demostrar que las instituciones pueden transformar dificultades concretas sin pedir a la ciudadanía una confianza ilimitada ni una resignación permanente.

También debemos evitar la explicación contraria: creer que bastaría con mejorar algunos indicadores económicos para desactivar cualquier tentación autoritaria. La política organiza intereses, pero también pertenencias y reconocimiento. Hay ciudadanos que perciben que su forma de vida es despreciada; otros sienten que los avances en igualdad siguen siendo demasiado frágiles. Una mayoría democrática duradera tendría que escuchar esas experiencias sin convertirlas en derechos de veto sobre las libertades ajenas. Escuchar no obliga a aceptar cualquier demanda. Obliga a responder con razones y a distinguir entre una preocupación atendible y una propuesta incompatible con la igualdad jurídica.

En ese terreno actúa la ultraderecha cuando transforma la incertidumbre en una división entre ciudadanos supuestamente auténticos y colectivos presentados como amenazas. Su problema democrático no reside en formular posiciones conservadoras, perfectamente legítimas, sino en condicionar la pertenencia plena a una identidad y desacreditar los límites que protegen a todos. Podemos discutir políticas migratorias, seguridad o descentralización con rigor. Lo que no debemos normalizar es que esas discusiones sirvan para poner bajo sospecha derechos individuales o para presentar la independencia judicial y el pluralismo informativo como obstáculos prescindibles ante una voluntad popular pretendidamente homogénea.

Desde posiciones de ultraizquierda aparece otra tentación cuando se reduce toda discrepancia a una defensa de privilegios y se considera que la superioridad moral de un objetivo dispensa de respetar procedimientos, contrapesos o libertades. No necesitamos fabricar una simetría entre fuerzas diferentes, ni atribuirles idéntica influencia. Necesitamos aplicar criterios constantes. La crítica al poder económico es imprescindible; la deslegitimación general del adversario, no. La intervención pública puede corregir desigualdades; la concentración de decisiones sin controles puede crear otras. Ninguna bandera social convierte automáticamente en democrático el modo de ejercer el poder.

Ante esas dinámicas, el centro político no debería definirse como un punto equidistante entre consignas. Hay asuntos en los que el compromiso democrático exige tomar partido con claridad: la dignidad de las personas, la limpieza institucional, la igualdad entre mujeres y hombres o la protección de las minorías. La moderación que merece ese nombre no rebaja esas convicciones. Modera el ejercicio del poder, reconoce costes, acepta controles y busca apoyos más amplios que los estrictamente necesarios. Podemos defender transformaciones ambiciosas y, al mismo tiempo, rechazar la fantasía de que un país complejo deba avanzar al ritmo de una sola sensibilidad.

Si España afrontara una nueva campaña electoral, sería razonable exigir a las candidaturas un contrato de claridad. No una colección interminable de promesas, sino prioridades ordenadas, instrumentos disponibles y dificultades reconocidas. Quien proponga ampliar una prestación debería explicar cómo sostenerla; quien reclame reducir impuestos, qué efectos prevé sobre los servicios; quien anuncie una reforma territorial, qué acuerdos necesitaría. La comparación electoral mejoraría si los programas compartieran categorías comprensibles y si organismos independientes pudieran evaluar sus supuestos. No para sustituir la decisión política por un dictamen técnico, sino para impedir que el debate premie sistemáticamente la promesa menos contrastable.

La política de pactos merece una transparencia semejante. En una sociedad plural, negociar no constituye una anomalía que deba ocultarse hasta la noche electoral. Los partidos pueden explicar qué objetivos buscarían en una coalición, qué materias admitirían compromisos y qué límites institucionales no cruzarían. No se trata de cerrar de antemano todas las combinaciones, algo poco realista, sino de ofrecer orientaciones honestas. Después, cualquier acuerdo debería poder evaluarse por su contenido y sus resultados, no solo por la identidad de sus firmantes. Un pacto fiscal, educativo o industrial necesita responsabilidades identificables, plazos revisables y mecanismos para resolver desacuerdos.

También debemos cambiar los incentivos de la conversación pública. Cuando cada rectificación se castiga como una derrota y cada negociación como una traición, seleccionamos dirigentes incapaces de aprender. Los medios tenemos aquí una responsabilidad propia: distinguir información, interpretación y opinión; corregir errores de manera visible; no convertir cada provocación en el centro obligatorio de la agenda. Las plataformas, por su parte, deberían ofrecer transparencia sobre publicidad política, sistemas de recomendación y redes de difusión coordinada. La libertad de expresión no exige que desconozcamos quién financia un mensaje ni que aceptemos como espontánea una operación organizada para simular apoyo social.

La reconstrucción de una mayoría democrática tampoco puede quedar encerrada en Madrid ni en las direcciones de los partidos. Los municipios, las comunidades autónomas, los sindicatos, las empresas y las organizaciones civiles conocen conflictos que no siempre caben en un eslogan nacional. Incorporarlos exige procedimientos estables, no fotografías ocasionales. Podemos ensayar deliberaciones ciudadanas sobre decisiones acotadas, reforzar la evaluación de políticas y facilitar comparecencias públicas que respondan preguntas concretas. La participación gana credibilidad cuando sabemos qué puede modificar, qué límites tiene y por qué una propuesta se acepta o se descarta. Consultar sin devolver una respuesta termina agravando la distancia.

No construiremos esa mayoría pidiendo a todos que piensen igual, sino haciendo posible que personas distintas compartan algunas garantías y algunas ambiciones. Un país donde la discrepancia no cierre oportunidades, los servicios públicos reduzcan desigualdades y las instituciones puedan corregirse sin quedar destruidas es un proyecto suficientemente exigente. En la próxima cita electoral, cuando se convoque, deberíamos juzgar también quién amplía ese espacio y quién vive de estrecharlo. Nuestra responsabilidad colectiva comienza antes de depositar una papeleta: consiste en exigir alternativas creíbles y en no entregar la esperanza a quienes necesitan que dejemos de confiar unos en otros.