La infancia debe entrar en las urnas

Hay una ausencia que deberíamos corregir en esta precampaña: la de quienes sufrirán durante más tiempo las consecuencias de nuestras decisiones y, sin embargo, no pueden intervenir en ellas con una papeleta. La infancia aparece con frecuencia como argumento emotivo, como fotografía o como promesa abstracta de futuro. Aparece mucho menos como sujeto de derechos en el presente. Ante las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, proponemos una exigencia sencilla: que cada programa explique qué cambiará en la vida cotidiana de los niños y niñas que crecen en España.

No hablamos de añadir un capítulo amable a una campaña dominada por otros asuntos. Hablamos de reconocer una cuestión central para nuestra prosperidad y nuestra convivencia. Cuando un menor estudia en una habitación compartida sin espacio suficiente, encadena mudanzas o llega al aula con dificultades que nadie ha detectado, su esfuerzo no compite en igualdad de condiciones. Podemos celebrar el mérito, y debemos hacerlo, pero antes necesitamos preguntarnos cuánto pesa la herencia material en las oportunidades que después atribuimos exclusivamente a la voluntad individual.

La desigualdad infantil no tiene una única puerta de entrada. Se forma en la combinación de ingresos insuficientes, empleos imprevisibles, segregación residencial y servicios que no siempre consiguen compensar esas desventajas. Por eso tampoco se resolverá con una medida aislada. Una transferencia económica puede ser decisiva para una familia, pero no sustituye una escuela inclusiva. Una buena escuela puede abrir horizontes, pero no debería tener que reparar por sí sola las consecuencias de una alimentación deficiente o de la inseguridad habitacional. Necesitamos políticas que se reconozcan entre sí.

Conviene empezar por la educación de cero a tres años. Su valor no se agota en facilitar que los adultos trabajen, aunque esa función resulte importante. Es también un espacio de aprendizaje, socialización y detección temprana de dificultades. Ampliar su acceso exige calidad, profesionales suficientes y condiciones laborales dignas; no basta con anunciar plazas. Y exige evitar que las familias con menos recursos encuentren más obstáculos administrativos, horarios incompatibles o costes indirectos. Un servicio formalmente abierto puede seguir siendo inaccesible para quienes más lo necesitan.

Después viene una tarea menos vistosa que las grandes reformas, pero esencial: acompañar de manera sostenida las trayectorias educativas. Reforzar la orientación, ofrecer apoyos antes de que el retraso se acumule, asegurar comedores accesibles y ampliar las actividades culturales y deportivas son decisiones que transforman posibilidades reales. También debemos revisar cómo se distribuye el alumnado vulnerable entre centros. La libertad educativa pierde contenido social cuando unas familias eligen entre alternativas y otras se limitan a aceptar el lugar que sus circunstancias les permiten ocupar.

Nada de esto autoriza a convertir a las familias en sospechosas ni a imponer una única manera de criar. Una política progresista y plural debe respaldar distintas formas de convivencia y reconocer el trabajo educativo que se realiza en los hogares. Precisamente por respeto a esa autonomía, necesitamos que pedir ayuda no implique humillación. Simplificar trámites, acercar la información y coordinar servicios sociales, escuelas y atención sanitaria puede resultar tan relevante como crear una prestación. Un derecho que solo consigue ejercer quien domina la burocracia es un derecho incompleto.

Llegados aquí, debemos hablar de prioridades presupuestarias sin refugiarnos en consignas. Los compromisos con la infancia necesitan financiación estable, objetivos comprensibles y evaluación pública. No toda iniciativa funciona igual ni basta con gastar para acertar. Pero tampoco podemos exigir resultados ambiciosos a estructuras débiles. El acuerdo razonable consiste en vincular recursos y responsabilidades, corregir lo que no funciona y preservar aquello que demuestra utilidad, incluso cuando lo haya puesto en marcha un gobierno de otro signo. La continuidad bien evaluada también es una forma de valentía política.

España no afronta sola este desafío. La Unión Europea dispone de instrumentos y marcos de cooperación, como la Garantía Infantil Europea, que permiten orientar esfuerzos compartidos. Sin embargo, la perspectiva europea no nos exime de coordinar nuestras propias administraciones. Ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central tienen competencias distintas, pero las necesidades de un niño no vienen divididas por departamentos. La cooperación institucional debería ser la regla cuando está en juego una oportunidad que, si se pierde durante el desarrollo, puede resultar difícil recuperar después.

En las próximas semanas escucharemos muchas apelaciones al futuro. Podemos darles un contenido concreto: menos obstáculos al aprendizaje, más seguridad material y servicios capaces de detectar una dificultad antes de que se convierta en exclusión. No necesitamos unanimidad sobre todos los instrumentos; sí una responsabilidad compartida sobre el objetivo. El país que queremos construir empieza en las oportunidades que garantizamos hoy. Que quienes todavía no votan cuenten en nuestras decisiones sería una buena señal de madurez colectiva.