La democracia tiene que funcionar

Podemos defender la democracia con argumentos históricos, principios constitucionales y convicciones morales. Debemos hacerlo. Pero también necesitamos defenderla mediante una experiencia cotidiana reconocible: que las instituciones respondan cuando acudimos a ellas. Una solicitud sin contestación, una ayuda que llega demasiado tarde o una oficina inaccesible no explican por sí solas el desencanto político. Su acumulación, sin embargo, puede convertir la distancia entre ciudadanía y Estado en una herida persistente. Allí encuentra terreno fértil quien promete sustituir la complejidad democrática por una voluntad supuestamente incontestable.

Ante cualquier próximo escenario electoral en España, convendría preguntarnos menos por la habilidad de cada candidatura para dominar una jornada y más por su capacidad para sostener una administración durante años. Si se convocaran elecciones, las propuestas deberían examinarse también desde esa perspectiva. ¿Quién ejecutaría cada compromiso? ¿Con qué personal, mediante qué procedimiento y bajo qué controles? No son preguntas menores reservadas a especialistas. Constituyen la diferencia entre un programa de gobierno y una colección de aspiraciones que terminará alimentando nuevas decepciones.

La eficacia no pertenece por naturaleza a las fuerzas autoritarias. Esa identificación es una de sus operaciones políticas más persistentes: presentar la deliberación como parálisis y el contrapeso como sabotaje. Sin embargo, concentrar poder puede acelerar una decisión equivocada, ocultar sus costes y dificultar su rectificación. Una democracia competente combina capacidad ejecutiva con información contrastable, revisión independiente y participación. No necesita elegir entre actuar y rendir cuentas; necesita diseñar instituciones que permitan hacer ambas cosas sin convertir cada expediente en un laberinto.

Tampoco deberíamos describir todos los radicalismos como fenómenos intercambiables. Sus historias, apoyos y proyectos son diferentes, y debemos juzgarlos por sus conductas concretas. Podemos reconocer, aun así, un riesgo compartido allí donde la ultraderecha o la ultraizquierda presentan a una parte de la sociedad como ilegítima, subordinan el pluralismo a una identidad excluyente o convierten al adversario en un obstáculo que eliminar. La discrepancia deja entonces de ser una condición normal de la convivencia y pasa a interpretarse como una traición.

Frente a esas derivas, el centro democrático no puede limitarse a recomendar moderación a quienes viven situaciones extremas. Debemos distinguir la serenidad de las formas de la intensidad de las reformas. Una familia que espera una prestación indispensable no necesita una lección de paciencia institucional. Necesita una resolución justa y oportuna. Defender acuerdos amplios solo resulta convincente cuando esos acuerdos cambian condiciones materiales, distribuyen responsabilidades y permiten identificar quién debe corregir un incumplimiento. La moderación sin resultados puede acabar pareciéndose demasiado a la resignación.

España arrastra una dificultad que atraviesa gobiernos y niveles administrativos: hemos desarrollado derechos cuya aplicación depende de capacidades muy desiguales. La misma norma puede ofrecer experiencias distintas según el municipio, la comunidad autónoma o la disponibilidad de profesionales. La descentralización permite proximidad y adaptación, pero requiere mecanismos de cooperación que impidan convertir el lugar de residencia en una lotería de acceso. No necesitamos borrar la diversidad territorial. Necesitamos garantizar un suelo efectivo de ciudadanía que ninguna administración pueda dar por satisfecho únicamente porque exista sobre el papel.

Ese suelo exige distinguir entre aprobar una política y hacerla operativa. Cada nueva obligación pública debería acompañarse de un diagnóstico de ejecución: demanda previsible, recursos humanos, sistemas de información, tiempos razonables y riesgos de exclusión. También necesitamos comprobar si las ayudas llegan a quienes cumplen sus requisitos. Cuando una prestación exige más conocimientos administrativos de los que poseen sus destinatarios, no estamos ante un simple problema de comunicación. Estamos ante un diseño que desplaza hacia las personas vulnerables una carga que corresponde asumir a la institución.

La transformación digital puede reducir esa carga, pero también multiplicarla. Un formulario disponible a cualquier hora no garantiza accesibilidad si nadie explica cómo completarlo o si un error bloquea todo el procedimiento. Debemos mantener atención presencial suficiente, asistencia telefónica útil y alternativas para quienes carecen de habilidades, conectividad o autonomía. La tecnología pública tendría que permitir que la ciudadanía no aporte repetidamente documentos que el Estado ya posee, con garantías de protección de datos. Digitalizar no debería consistir en trasladar la ventanilla al domicilio del solicitante.

Hay además una dimensión laboral que solemos ignorar hasta que falla el servicio. Las administraciones necesitan atraer perfiles técnicos, transmitir conocimiento y renovar equipos sin degradar las condiciones de trabajo. La estabilidad protege frente al favoritismo, pero debe convivir con formación continua, evaluación bien diseñada y movilidad que aproveche las capacidades disponibles. No resolveremos los cuellos de botella enfrentando a trabajadores públicos y usuarios. Ambas partes sufren cuando la organización recompensa el cumplimiento mecánico del procedimiento y carece de instrumentos para detectar dónde se atasca una respuesta.

La contratación pública merece una atención semejante. Su función no debería agotarse en evitar irregularidades, aunque esa obligación sea irrenunciable. También debe adquirir bienes y servicios adecuados, asegurar mantenimiento y prevenir dependencias excesivas de un proveedor. Un contrato barato que impide actualizar un sistema puede resultar socialmente costoso. Necesitamos compradores públicos preparados, documentos comprensibles y evaluación posterior de lo contratado. La transparencia será más útil si permite entender decisiones y resultados que si se limita a depositar archivos difíciles de interpretar en un portal.

También debemos pensar cómo se gobierna en un Parlamento fragmentado. Si una futura aritmética electoral exigiera coaliciones o pactos de legislatura, sería razonable exigir compromisos públicos sobre prioridades, calendario y resolución de desacuerdos. Pactar no equivale a ocultar diferencias: consiste en establecer cuáles pueden convivir dentro de una acción compartida. Los acuerdos de investidura ganarían calidad si incluyeran mecanismos de seguimiento y responsabilidades de ejecución, en lugar de concentrar toda su ambición en el momento de obtener los apoyos necesarios.

La información sobre el desempeño institucional puede ayudar a mejorar el debate, siempre que no confundamos evaluación con propaganda. Publicar tiempos de respuesta, explicar retrasos y comparar resultados requiere contexto, auditoría y criterios estables. Una administración no debería penalizar a una oficina que atiende situaciones más complejas mediante clasificaciones simplistas. Pero tampoco puede protegerse detrás de la complejidad para evitar cualquier examen. Necesitamos información que permita aprender, detectar desigualdades y corregir errores, no únicamente repartir medallas o fabricar munición contra el gobierno de turno.

No prometemos que una administración mejor termine con la polarización, la desigualdad o los proyectos autoritarios. Ninguna reforma organizativa sustituye a la justicia social ni al compromiso constitucional. Sostenemos algo más concreto: cuando las instituciones cumplen, la ciudadanía dispone de razones vividas para defenderlas. Esa tarea requiere perseverancia y cooperación entre responsables políticos, profesionales y sociedad civil. La democracia no debe pedir confianza por adelantado indefinidamente. Podemos renovarla haciendo que cada derecho reconocido encuentre una respuesta posible y que nadie tenga que sentirse abandonado para ser escuchado.