La democracia empieza en los partidos

Al pensar en las próximas elecciones que pudieran celebrarse en España, solemos dirigir la mirada hacia las candidaturas, las alianzas y la aritmética parlamentaria. Sin embargo, antes de preguntarnos quién gobernará, deberíamos examinar cómo se forman las opciones entre las que podremos elegir. La calidad democrática comienza también en organizaciones que seleccionan dirigentes, ordenan prioridades y convierten demandas dispersas en decisiones públicas. Si esos espacios se cierran, la democracia conserva sus procedimientos, pero pierde capacidad para escuchar y corregirse.

Necesitamos partidos políticos. Conviene afirmarlo frente a la tentación de sustituirlos por un liderazgo supuestamente providencial, una plataforma sin responsabilidades reconocibles o una suma de impulsos digitales. Ninguna sociedad compleja puede gobernarse mediante una conversación permanente sin mecanismos de representación. Los partidos permiten agregar intereses, sostener compromisos y responder por una trayectoria. Precisamente por esa función imprescindible, no podemos resignarnos a que operen como estructuras cuya principal finalidad sea preservar a quienes las controlan.

El problema aparece cuando la lealtad deja de significar compromiso con un proyecto y pasa a confundirse con obediencia personal. Una organización que penaliza toda discrepancia termina privándose de información. Sus dirigentes escuchan lo que confirma sus decisiones y descubren demasiado tarde aquello que incomodaba reconocer. No estamos ante una cuestión sentimental sobre la convivencia interna, sino ante un fallo de funcionamiento: sin contradicción organizada, aumentan los errores y disminuye la capacidad para anticipar conflictos sociales.

Esta dinámica ayuda a comprender parte del atractivo de las fuerzas extremistas. Allí donde los partidos establecidos parecen impermeables, gana fuerza la promesa de una ruptura total. La ultraderecha puede convertir el malestar en exclusión nacionalista y hostilidad hacia las minorías; ciertas corrientes de ultraizquierda pueden presentar el pluralismo como un obstáculo para una transformación que consideran indiscutible. No son fenómenos idénticos ni poseen igual influencia en todos los países. Comparten, cuando derivan hacia el autoritarismo, la descalificación del adversario como interlocutor legítimo.

Responder a esos desafíos exige algo más que denunciar sus excesos. Si las fuerzas democráticas reclaman pluralismo para el país, deben practicarlo en su propia casa. Resulta difícil defender el valor de la deliberación mientras se resuelven las discrepancias internas mediante silencios impuestos o expulsiones informales. La coherencia no exige convertir cada partido en una asamblea interminable. Exige reglas conocidas, espacios de discusión efectivos y garantías para quienes sostienen posiciones minoritarias sin abandonar el marco común.

La selección de candidaturas es un primer terreno de reforma. Las primarias pueden abrir una organización, pero también transformarse en plebiscitos personales si faltan debates, controles sobre los recursos y condiciones equitativas de participación. Tampoco la designación por órganos representativos resulta necesariamente ilegítima, siempre que sus criterios sean transparentes. Lo decisivo es que podamos conocer qué experiencia se valora, quién toma la decisión y cómo se evita que la proximidad a la dirección sustituya a la competencia.

También deberíamos revisar los incentivos de las carreras políticas. Cuando conservar un puesto depende casi exclusivamente de una cúpula, escuchar al territorio o disentir razonadamente puede convertirse en un riesgo profesional. Necesitamos una combinación más equilibrada de responsabilidad ante la organización y responsabilidad ante la ciudadanía. La evaluación pública del trabajo, las comparecencias periódicas y unos procedimientos claros de renovación ayudarían más que la simple rotación, que a veces cambia nombres sin alterar dependencias.

Abrir las puertas a nuevas trayectorias requiere reconocer un obstáculo material: participar cuesta tiempo y dinero. Una persona con horarios imprevisibles, responsabilidades familiares o un empleo precario dispone de menos margen para asistir a reuniones, preparar propuestas y competir por responsabilidades. Si ignoramos esa desigualdad, confundiremos disponibilidad con vocación. Facilitar la conciliación, hacer accesibles los espacios de participación y evitar que todo dependa de largas presencias físicas ampliaría la diversidad real de las organizaciones.

La profesionalización tampoco debe convertirse en una palabra sospechosa. Gobernar exige conocimientos, continuidad y dedicación. El problema no es que existan profesionales de la política, sino que resulte difícil entrar desde otras actividades y regresar después a ellas sin recurrir a relaciones de favor. Una democracia saludable necesita reglas exigentes sobre conflictos de interés y, al mismo tiempo, itinerarios laborales razonables. De lo contrario, favorecemos tanto la dependencia del cargo como el acceso reservado a quienes ya tienen patrimonio.

La financiación merece una atención igualmente concreta. Las cuentas comprensibles, la identificación de proveedores y la supervisión independiente son condiciones para una autonomía creíble. El dinero privado puede generar dependencias; el público puede alimentar burocracias desconectadas si carece de controles adecuados. No resolveremos esa tensión con una consigna única. Podemos exigir trazabilidad, sanciones proporcionadas y publicidad suficiente para que la ciudadanía comprenda cómo se sostienen las organizaciones que aspiran a gestionar recursos comunes.

Los partidos deberían recuperar, además, su función de aprendizaje colectivo. Una agrupación local no tiene por qué limitarse a preparar campañas o distribuir mensajes. Puede contrastar las consecuencias de una reforma sanitaria, escuchar a profesionales de la educación o discutir los efectos de una transición industrial. Para ello necesita interlocutores que no sean tratados como invitados decorativos. La conversación con asociaciones, sindicatos, empresas y universidades debe servir para modificar propuestas, no solamente para obtener una fotografía de respaldo.

Si se abriera un ciclo electoral, esa transformación permitiría ofrecer programas menos dependientes de la ocurrencia y más conectados con problemas reconocibles. También facilitaría explicar los desacuerdos dentro de una misma familia política sin presentarlos como una catástrofe. Los ciudadanos podemos entender que existan prioridades distintas entre territorios, generaciones y sectores económicos. Lo que erosiona la confianza es descubrir que esas diferencias fueron ocultadas durante la campaña y reaparecen después como decisiones supuestamente inevitables.

La negociación entre partidos ganaría con organizaciones capaces de deliberar sobre sus acuerdos. Un pacto trabajado y explicado tiene más posibilidades de durar que una decisión comunicada como un hecho consumado. Eso no significa someter cada conversación a una retransmisión permanente: la discreción puede ser necesaria para negociar. Significa distinguir entre confidencialidad temporal y opacidad estructural, y establecer momentos claros para justificar qué se ha cedido, qué se ha conseguido y qué compromisos deberán evaluarse.

No necesitamos idealizar el pasado ni esperar una generación de dirigentes sin ambiciones. Necesitamos instituciones que orienten esas ambiciones hacia el servicio público y hagan posible rectificar. La renovación democrática no llegará únicamente desde una urna ni desde una protesta exterior a los partidos. Tendrá que construirse también dentro de ellos, mediante reglas, hábitos y responsabilidades compartidas. Si queremos una política que nos trate como ciudadanos adultos, empecemos por exigir organizaciones capaces de comportarse democráticamente cuando nadie está mirando.