La democracia debe llegar a tiempo

Una democracia puede conservar sus procedimientos y perder, lentamente, la confianza de quienes deberían sostenerla. No hace falta imaginar una ruptura espectacular. Basta con que pedir una ayuda se convierta en una carrera de obstáculos, que una cita sanitaria llegue demasiado tarde o que una inversión pública anunciada nunca alcance el barrio. Cuando esa experiencia se repite, dejamos de discutir únicamente sobre la calidad de una gestión: empezamos a dudar de la utilidad del sistema. La demora administrativa adquiere entonces una dimensión política que no deberíamos subestimar.

Si España afrontara un nuevo ciclo electoral, haríamos bien en situar esa cuestión en el centro. No disponemos de convocatorias ni resultados que permitan describir una coyuntura concreta, pero sí podemos examinar un dilema persistente: cómo transformar la competencia por el poder en capacidad para ejercerlo. Las campañas tienden a ordenar el país en identidades enfrentadas; las necesidades reales lo atraviesan de otra manera. Un autónomo, una cuidadora y un joven que busca empleo pueden votar distinto y sufrir la misma impotencia ante una institución inaccesible.

Parte del atractivo de la ultraderecha nace de ofrecer una explicación sencilla para esa impotencia. Presenta la complejidad social como una invasión, convierte determinados colectivos en responsables del malestar y promete que una autoridad sin vacilaciones devolverá el control. No debemos confundir esa promesa con una solución. Excluir a una minoría no mejora un centro de salud ni forma a un inspector de trabajo. Pero tampoco basta con señalar la falsedad de la respuesta si dejamos intacta la experiencia de abandono que facilita su aceptación.

En determinadas expresiones de la ultraizquierda encontramos otra tentación: interpretar cualquier restricción presupuestaria, jurídica o institucional como una maniobra de intereses ilegítimos. Desde ahí, el acuerdo se vuelve sospechoso y la discrepancia puede presentarse como traición. No son fenómenos idénticos ni poseen la misma implantación en todos los países. Nos corresponde distinguir trayectorias, responsabilidades y riesgos. Lo que debemos examinar en cada caso es si una propuesta amplía la capacidad democrática de decidir o promete una liberación que exige silenciar a quien piensa de otro modo.

La respuesta centrada y progresista no puede reducirse a defender lo existente. Un centro que solo administra la resignación termina confundido con la falta de alternativas; un progresismo que solo formula aspiraciones acaba separado de quienes necesitan resultados. Necesitamos una política reformista capaz de reconocer el conflicto distributivo, elegir prioridades y explicar sus costes. A veces habrá que recaudar mejor, otras reorganizar un servicio y otras abandonar un programa que no funciona. La convicción social se demuestra también corrigiendo instrumentos propios.

Proponemos empezar por una garantía democrática poco vistosa: que cada servicio público esencial tenga objetivos comprensibles de acceso, respuesta y resolución. No hablamos de imponer idénticos plazos a procedimientos distintos ni de premiar expedientes cerrados a cualquier precio. Hablamos de identificar dónde se producen los atascos, publicar información comparable y establecer mecanismos de reparación cuando la demora causa un perjuicio. Un derecho cuyo ejercicio depende de disponer de tiempo, contactos o conocimientos especializados deja de ser igualmente accesible para todos.

Esa reforma exige mirar hacia dentro de la Administración sin convertir a sus trabajadores en culpables. Hay oficinas infradotadas, aplicaciones incompatibles, responsabilidades fragmentadas y normas que acumulan controles sin revisar su utilidad. Digitalizar un formulario defectuoso no corrige el defecto: lo distribuye por internet. Deberíamos simplificar procedimientos con la participación de quienes los tramitan y de quienes los utilizan, mantener atención presencial y permitir que las administraciones compartan los datos necesarios con garantías. El ciudadano no debe actuar como mensajero entre departamentos públicos.

También necesitamos ordenar la continuidad de las políticas. Cada cambio de gobierno no puede obligarnos a empezar de nuevo en ámbitos que requieren años de preparación. Eso no significa sustraer decisiones al voto, sino distinguir entre orientación política y capacidad institucional. Un gobierno debe poder modificar sus prioridades; no debería resultar normal que una alternancia desmonte equipos técnicos, pierda conocimiento acumulado o paralice proyectos viables por su procedencia. Evaluar antes de cancelar y justificar antes de sustituir serían reglas saludables de responsabilidad pública.

En nuestro Estado autonómico, esa continuidad depende además de una cooperación menos teatral. Muchos problemas se agravan cuando cada administración protege su competencia mientras nadie asume el recorrido completo de una necesidad. Podemos respetar el autogobierno y, al mismo tiempo, acordar sistemas compatibles, financiación previsible y protocolos comunes. La diversidad territorial permite aprender de experiencias distintas. Para aprovecharla necesitamos comparar resultados sin convertir cada diferencia en una competición de agravios ni cada coordinación en una amenaza a la identidad.

La conversación digital añade una dificultad específica: las mejoras graduales apenas compiten con el escándalo permanente. La desinformación encuentra terreno fértil cuando una decepción real puede reinterpretarse como prueba de una conspiración ilimitada. Además de rectificar falsedades, las instituciones deben mostrar cómo toman decisiones, qué saben y qué desconocen. La comunicación pública no debería dedicarse a celebrar cualquier avance como una victoria histórica. La credibilidad se construye cuando una autoridad admite un incumplimiento, identifica su causa y ofrece una corrección que después pueda comprobarse.

Nada de esto elimina las decisiones difíciles. Mejorar servicios cuesta recursos, y los recursos tienen usos alternativos. Por eso necesitamos presupuestos que expliquen sus prioridades y evaluaciones que incluyan a quienes quedan fuera. Un programa puede presentar buenos resultados entre sus usuarios y fracasar si no alcanza a quienes más lo necesitan. La eficacia democrática no equivale a velocidad empresarial: incorpora igualdad de trato, protección de datos, posibilidad de recurso y atención a las personas cuya situación no encaja en una casilla.

También los partidos tendrían que modificar sus incentivos. Si hubiera elecciones, deberíamos exigir compromisos verificables, equipos solventes y explicaciones sobre cómo se financiarían las promesas. Entre elecciones, corresponde al Parlamento comprobar su ejecución y a la oposición ofrecer alternativas practicables. No necesitamos fingir unanimidad. Necesitamos que el desacuerdo produzca información útil y decisiones mejores, en lugar de consumir toda la energía disponible. La confrontación puede ser legítima; su conversión en única forma de trabajo público resulta profundamente empobrecedora.

No recuperaremos la confianza mediante una campaña de autoestima institucional. La recuperaremos cuando una persona encuentre una respuesta, comprenda una decisión adversa o pueda corregir un error sin sentirse indefensa. Frente a quienes prometen salvarnos de la democracia y frente a quienes la dan por garantizada, debemos demostrar que puede aprender. Esa tarea no tiene la épica instantánea de una consigna, pero contiene una esperanza más duradera: construir un país donde la libertad no solo se proclame y la protección no solo se anuncie, sino que ambas lleguen a tiempo.