La ayuda no es una recompensa

La distancia no reduce la dignidad de una vida, aunque a menudo reduzca su presencia en nuestra conversación pública. Prestamos atención a unas crisis y dejamos otras fuera del encuadre. Esa selección puede responder a vínculos históricos, intereses estratégicos o simple proximidad emocional. El problema comienza cuando la política de cooperación adopta esa misma lógica y convierte la visibilidad en criterio de necesidad. Desde España necesitamos sostener una convicción sencilla: la protección de las personas no puede depender de su utilidad para nuestra agenda.

Conviene distinguir instrumentos que con frecuencia mezclamos. La ayuda humanitaria busca atender necesidades urgentes y debe orientarse por la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. La cooperación al desarrollo trabaja sobre procesos más amplios y duraderos, necesariamente relacionados con instituciones y decisiones políticas. Ninguna de las dos está libre de dificultades. Pero ambas se desfiguran cuando se subordinan sin matices a objetivos comerciales, alineamientos diplomáticos o acuerdos de control migratorio. Una población no debería perder asistencia porque su Gobierno incumpla las expectativas de otro.

Esto no significa renunciar a la exigencia. Debemos prevenir la corrupción, evaluar resultados y evitar que los recursos refuercen estructuras de abuso. Sin embargo, suspender una intervención sin valorar sus consecuencias puede castigar precisamente a quienes menos poder tienen. La responsabilidad consiste en buscar canales adecuados, reforzar controles y escuchar a organizaciones locales. Trabajar en contextos difíciles exige más discernimiento, no menos compromiso. A veces habrá que cambiar de interlocutor o de procedimiento para preservar el objetivo de la ayuda.

También necesitamos abandonar una mirada paternalista que presenta a las sociedades receptoras como espacios vacíos de conocimiento. Las comunidades conocen riesgos, redes de apoyo y necesidades que un proyecto diseñado desde lejos puede pasar por alto. Cooperar implica compartir decisiones, reconocer capacidades y aceptar que nuestras prioridades no siempre son las más urgentes para otros. El protagonismo local no puede limitarse a ejecutar planes ajenos. Debe alcanzar su diseño, su evaluación y la posibilidad de señalar que una intervención está equivocada.

Para España, esta perspectiva exige continuidad institucional y coordinación entre administraciones, universidades, organizaciones sociales y profesionales sobre el terreno. Un programa de salud comunitaria o de adaptación agrícola no se fortalece encadenando convocatorias imprevisibles. Necesita relaciones estables y margen para ajustarse a circunstancias cambiantes. También requiere rendición de cuentas comprensible ante nuestra ciudadanía: explicar qué hacemos, con quién y con qué límites, sin convertir cada proyecto en una campaña de autopromoción ni prometer impactos que todavía no podemos demostrar.

Defender la cooperación mientras existen necesidades dentro de nuestras fronteras no supone ignorarlas. Supone rechazar que la solidaridad deba organizarse como una rivalidad entre vulnerables. Nuestra responsabilidad tiene distintas escalas y exige prioridades justificadas en todas ellas. Podemos cuidar los servicios públicos y sostener compromisos exteriores serios; podemos defender intereses legítimos sin hacer de la indiferencia una doctrina. En un mundo atravesado por dependencias compartidas, cooperar es una forma de responsabilidad. Su valor comienza en reconocer a otros como sujetos de derechos, no como piezas de nuestra estrategia.