Gobernar también es explicar la cuenta

Hay una pregunta que deberíamos llevar a cada debate de esta campaña: ¿cómo se paga? No para clausurar las aspiraciones colectivas ni para convertir la política en una sucursal de la contabilidad, sino precisamente para proteger aquello que consideramos valioso. Cuando prometemos mejores cuidados, universidades accesibles, infraestructuras seguras y una transición energética justa, estamos adquiriendo compromisos con personas concretas. Si el respaldo económico desaparece después de las elecciones, no se frustra únicamente un programa. Se deteriora la confianza en la posibilidad misma de gobernarnos con seriedad.

Con demasiada frecuencia aceptamos una división engañosa: unos tendrían sensibilidad social y otros conocerían las cuentas. Nos convendría superar esa comodidad. La sensibilidad sin capacidad de ejecución produce decepción; la disciplina sin una idea de justicia puede consolidar desigualdades. Un proyecto de país debe integrar ambas exigencias. Necesitamos ingresos suficientes, gastos evaluables y prioridades comprensibles. También necesitamos reconocer que no todas las necesidades pueden atenderse simultáneamente y que aplazar una decisión tiene consecuencias, aunque estas no aparezcan en el eslogan que encabeza un mitin.

La primera obligación democrática consiste en distinguir entre una medida permanente y una ayuda excepcional. No es razonable sostener compromisos duraderos sobre recursos transitorios ni presentar como ahorro cualquier recorte que traslada una factura mayor al futuro. El mantenimiento de una infraestructura, la prevención sanitaria o la adaptación frente a fenómenos extremos pueden resultar menos vistosos que una inauguración. Sin embargo, cuando se descuidan, terminamos pagando más y repartiendo peor los daños. La buena administración también consiste en evitar costes que nunca llegarán a convertirse en noticia.

Deberíamos exigir, por tanto, que las principales propuestas electorales incorporen una memoria económica inteligible: qué problema pretenden resolver, cuánto pueden costar, cómo se financiarán y en qué plazo cabe esperar resultados. No necesitamos documentos diseñados para esconder las decisiones entre tecnicismos. Necesitamos explicaciones que cualquier ciudadano interesado pueda contrastar. Las estimaciones siempre contienen incertidumbre; reconocerla no debilita una propuesta. Lo que la debilita es presentar como garantía aquello que depende del crecimiento, de acuerdos todavía inexistentes o de una eficacia administrativa que nadie ha demostrado.

Esa honestidad debe alcanzar también a los impuestos. Si defendemos prestaciones de calidad, hemos de discutir quién contribuye, mediante qué instrumentos y con qué distribución del esfuerzo. Ni toda reducción tributaria se financia sola ni toda subida mejora automáticamente la igualdad. Importan las bases sobre las que se actúa, las posibilidades de elusión y los efectos sobre hogares y empresas. Nos corresponde pedir un sistema más comprensible y equitativo, capaz de combatir el fraude sin convertir al contribuyente cumplidor en sospechoso ni ofrecer privilegios a quien dispone de mejores asesores.

La conversación presupuestaria es, además, una conversación entre generaciones. No sería justo enfrentar a pensionistas y jóvenes como si fueran bloques con intereses incompatibles. En muchas familias, la seguridad de unos sostiene la incertidumbre de otros. Pero tampoco podemos ignorar que las decisiones presentes condicionan el margen de quienes vendrán. Endeudarse puede ser razonable para afrontar una emergencia o financiar inversiones útiles. Hacerlo sin explicar su finalidad, sus riesgos y su sostenibilidad equivale a pedir un consentimiento que los ciudadanos todavía no han podido formar.

En un Estado descentralizado, la claridad exige identificar responsabilidades. Los servicios que recibimos dependen de distintas administraciones y de acuerdos de financiación que rara vez caben en una consigna. Necesitamos cooperación entre territorios, criterios transparentes y lealtad institucional para que la discusión sobre recursos no se convierta en una competición de agravios. La equidad no obliga a tratar como idénticas realidades diferentes. Obliga a justificar las diferencias mediante necesidades comprobables, costes de prestación y garantías compartidas, no mediante la capacidad de presión de cada interlocutor.

También debemos hablar de evaluación sin confundirla con una amenaza. Revisar una política pública no implica renunciar a su propósito; puede ser la mejor manera de preservarlo. Un programa que no llega a sus destinatarios, una subvención mal orientada o un procedimiento innecesariamente complejo consumen recursos y paciencia. Corregirlos requiere datos, profesionales y voluntad de asumir errores. El ahorro responsable no empieza siempre por gastar menos. A menudo empieza por contratar mejor, coordinar servicios y dejar de repetir intervenciones cuya utilidad no podemos acreditar.

De aquí al 29 de noviembre, nos convendría premiar a quienes expliquen sus límites además de sus ambiciones. Una campaña adulta puede ofrecer esperanza sin prometer facilidad. Podemos construir un país más justo si acordamos prioridades, repartimos las cargas con equidad y verificamos los resultados. La cuenta pública no es un obstáculo exterior a nuestros ideales: es el lugar donde decidimos cuáles estamos dispuestos a sostener. Pedir claridad no rebaja la política. Le devuelve la responsabilidad de transformar las palabras en compromisos que puedan cumplirse.