Europa sin tutelas

Europa necesita abandonar una comodidad intelectual: pensar que su prosperidad puede mantenerse al margen de las relaciones de poder. El comercio, las normas y la cooperación han sido instrumentos de transformación, pero no eliminan la coerción ni garantizan que otros actores acepten límites. Desde España debemos defender el proyecto europeo sin convertirlo en una afirmación sentimental. Nos interesa una Unión capaz de decidir, sostener sus decisiones y responder ante su ciudadanía. Esa capacidad requiere recursos, instituciones y una comprensión menos ingenua de nuestras dependencias.

La relación transatlántica seguirá siendo fundamental, pero una alianza madura no debería descansar en la expectativa de una protección incondicional. Los intereses de Estados Unidos y de Europa pueden coincidir ampliamente y, aun así, divergir en prioridades comerciales, industriales o estratégicas. Prepararnos para esas diferencias no implica hostilidad hacia Washington. Implica asumir una responsabilidad que hemos aplazado: disponer de capacidades propias suficientes para que la cooperación sea una elección estable entre socios y no una necesidad dictada por la falta de alternativas.

La agresión rusa contra Ucrania mostró de manera dramática que las fronteras y la soberanía no pueden darse por aseguradas. De esa experiencia debemos extraer dos obligaciones compatibles: ayudar a defender el derecho de un país a existir libremente y mantener una diplomacia orientada a una paz sostenible. Negociar no equivale necesariamente a ceder, pero tampoco cualquier acuerdo merece llamarse justo. Las garantías, la participación del país agredido y la posibilidad de verificar los compromisos importan tanto como el anuncio de una conversación.

La defensa europea debe partir de necesidades concretas, no de una competición de gestos presupuestarios. Importan la interoperabilidad, el mantenimiento, la logística, las reservas y la capacidad de producir equipos cuando las cadenas de suministro sufren interrupciones. Comprar más sin coordinar puede multiplicar duplicidades y dependencias. Las adquisiciones conjuntas y la especialización industrial ofrecen alternativas, siempre que exista un reparto razonable de responsabilidades. España debería identificar dónde puede aportar capacidades útiles, en lugar de confundir autonomía estratégica con la obligación de fabricar por separado cada componente.

También necesitamos discutir quién paga, cómo se contrata y qué controles se aplican. La seguridad no autoriza a convertir todo gasto en secreto ni a suspender la evaluación pública. Hay información que debe protegerse, pero los parlamentos y los órganos fiscalizadores necesitan medios para supervisar decisiones sensibles. Si la ampliación de capacidades se percibe como un privilegio industrial ajeno a las necesidades sociales, perderá legitimidad. Debemos explicar sus costes de oportunidad y evitar que la elección se formule como una oposición inevitable entre hospitales y defensa.

La seguridad europea incluye, además, la capacidad de sostener su base productiva. Una industria competitiva necesita energía asequible, investigación, financiación y trabajadores cualificados; no vive indefinidamente de subvenciones defensivas. La política industrial común debería concentrarse en dependencias críticas y en proyectos con efectos compartidos, sin convertirse en una carrera donde los Estados con mayor capacidad fiscal aventajen siempre a los demás. Para España, el mercado único solo será una oportunidad equilibrada si las ayudas nacionales no terminan fragmentándolo desde dentro.

Con China debemos evitar dos simplificaciones: creer que la interdependencia garantiza moderación o suponer que toda relación económica constituye una amenaza. Hay ámbitos donde cooperar resulta necesario y otros donde la dependencia puede ser utilizada como instrumento de presión. Diversificar proveedores, examinar inversiones sensibles y proteger conocimiento estratégico son decisiones distintas de levantar un muro comercial general. También debemos reconocer el coste de reducir riesgos. Si no explicamos quién lo soporta y cómo se acompaña a las empresas afectadas, la autonomía quedará reducida a un eslogan.

La credibilidad exterior europea depende asimismo de la consistencia de sus principios. No podemos invocar el derecho internacional únicamente cuando protege a nuestros aliados. La protección de civiles, el acceso humanitario y la prohibición de castigos colectivos deben orientar nuestra posición ante cualquier conflicto, también en Oriente Próximo. Esa coherencia no exige ignorar diferencias entre actores ni renunciar a relaciones difíciles. Exige aplicar criterios reconocibles y aceptar que los intereses inmediatos no justifican cualquier conducta. Sin esa disciplina, Europa debilita su propia capacidad de persuadir.

España tiene una responsabilidad específica en el Mediterráneo y en su relación con África. Nos perjudica reducir ambos espacios a migración, vigilancia y suministro energético. Necesitamos vínculos que incorporen formación, inversión productiva, adaptación climática y movilidad legal, negociados con interlocutores diversos y sujetos a evaluación. Cooperar con un Gobierno no debería obligarnos a desentendernos de su sociedad. Tampoco cabe prometer desarrollo instantáneo mediante proyectos diseñados desde fuera. Las asociaciones duraderas nacen de intereses compartidos, instituciones locales y beneficios que puedan percibirse en ambos lados.

La ampliación de la Unión plantea una tensión semejante entre ambición y capacidad. Integrar nuevos miembros puede reforzar la estabilidad continental, pero exige preparar presupuestos, políticas comunes y mecanismos de decisión. Rebajar las condiciones sobre independencia judicial o corrupción por urgencia geopolítica acabaría debilitando la casa que pretendemos ampliar. Al mismo tiempo, mantener indefinidamente a los candidatos en una sala de espera erosiona la confianza. Podemos avanzar mediante etapas verificables, con beneficios graduales y compromisos exigibles, sin sustituir la adhesión por una promesa vacía.

Nada de esto funcionará si la ciudadanía percibe Europa como una cadena de obligaciones sin posibilidad de influencia. Los gobiernos nacionales deben dejar de atribuir a Bruselas las decisiones incómodas que ellos mismos negocian. Necesitamos debates parlamentarios previos a los acuerdos relevantes y explicaciones posteriores que permitan exigir responsabilidades. La autonomía europea no es el sueño de una potencia que quiera mandar sobre las demás. Es la capacidad de preservar una convivencia libre, cooperar con dignidad y ofrecer seguridad sin renunciar al derecho. España puede ayudar a construirla si combina ambición exterior con una democracia exigente en casa.