Europa ante el coste de protegerse

Europa lleva en su propia construcción una promesa exigente: sustituir la rivalidad destructiva por instituciones capaces de organizar intereses compartidos. Esa promesa no elimina las amenazas exteriores ni asegura que otros actores acepten nuestras reglas. Cuando el entorno internacional se vuelve más coercitivo, debemos preguntarnos cómo proteger nuestra libertad de decisión. Desde España, la respuesta no debería oscilar entre una confianza ilimitada en aliados externos y una autonomía entendida como aislamiento. Necesitamos capacidad propia para cooperar mejor, resistir presiones y evitar que cada crisis nos encuentre negociando desde la dependencia.

Conviene precisar qué estamos defendiendo. La seguridad incluye la protección del territorio, pero también la continuidad de las comunicaciones, el abastecimiento energético, la integridad de las infraestructuras y la capacidad de adoptar decisiones sin chantajes. Un país puede disponer de medios militares y seguir siendo vulnerable si concentra dependencias esenciales en proveedores difíciles de sustituir. A la inversa, una economía diversificada no disuade por sí sola una agresión armada. La tarea europea consiste en relacionar estas dimensiones sin convertir cualquier problema civil en una cuestión militar ni fragmentar cada responsabilidad en un compartimento administrativo.

La defensa común comienza por decisiones menos vistosas que los anuncios de grandes inversiones. Requiere identificar amenazas, acordar prioridades y determinar qué capacidades deben organizarse conjuntamente. Si cada Estado compra por separado para favorecer exclusivamente a su industria nacional, el aumento del gasto puede multiplicar sistemas incompatibles y costes de mantenimiento. Las adquisiciones compartidas, la interoperabilidad y una planificación plurianual permitirían reducir esa dispersión. Pero centralizar compras tampoco garantiza eficiencia: harían falta competencia real entre proveedores, auditorías y mecanismos que eviten sustituir numerosos mercados cerrados por un único círculo privilegiado.

España debería intervenir en ese debate con ambición industrial y criterio público. La participación de nuestras empresas y centros tecnológicos puede generar conocimiento, empleo cualificado y capacidades aprovechables en sectores civiles. Sin embargo, no basta con invocar puestos de trabajo para justificar cualquier contrato. Deberíamos examinar transferencia tecnológica, formación profesional, dependencia de componentes externos y condiciones de exportación. La política industrial pierde legitimidad cuando socializa riesgos y reserva beneficios sin obligaciones suficientes. Si el dinero público sostiene una capacidad estratégica, la sociedad debe conocer qué obtiene a cambio y cómo se supervisa su utilización.

La financiación plantea una tensión que no conviene disimular. Protegernos cuesta recursos que también necesitamos para vivienda, educación, sanidad y transición energética. Negar esa competencia sería engañoso; presentar la seguridad y el bienestar como enemigos inevitables también lo sería. Podemos priorizar proyectos, eliminar duplicidades y estudiar instrumentos comunes para bienes genuinamente europeos. Cualquier financiación compartida tendría que acompañarse de control parlamentario y criterios transparentes de reparto. No deberíamos aceptar que la urgencia se convierta en un cheque en blanco ni que el coste recaiga automáticamente sobre quienes menos capacidad tienen para soportarlo.

El vínculo transatlántico seguiría siendo relevante en cualquier arquitectura razonable de seguridad europea. Pero una alianza madura exige que sus miembros puedan contribuir y deliberar, no solamente esperar instrucciones. Una mayor capacidad europea no tendría por qué dirigirse contra Estados Unidos; permitiría una relación menos asimétrica y una continuidad mayor ante cambios de prioridades en cualquiera de las dos orillas. Esa autonomía debe medirse por la posibilidad efectiva de actuar cuando nuestros intereses lo requieran. No por la contundencia de los discursos ni por una aspiración imposible de producirlo todo dentro de nuestras fronteras.

Tampoco podemos reducir la geopolítica a dos grandes bloques homogéneos. Numerosos países buscan margen para negociar con potencias diferentes y rechazan que se les exija una adhesión completa a agendas ajenas. Europa necesita comprender esa pluralidad si quiere construir acuerdos duraderos. Cooperar en energía, investigación o infraestructuras exige escuchar prioridades locales, ofrecer condiciones sostenibles y evitar relaciones puramente extractivas. Nuestra influencia será más sólida si los socios encuentran ventajas verificables en ella. La autoridad internacional no se obtiene únicamente denunciando las prácticas de otros; también depende de la coherencia de las propias.

Desde España, el Mediterráneo merece una atención que supere el enfoque fronterizo. La estabilidad de sus sociedades está relacionada con el agua, las oportunidades educativas, el empleo y la calidad institucional. Una política europea limitada a externalizar controles migratorios puede trasladar problemas y reforzar dependencias de gobiernos poco responsables ante sus ciudadanos. Necesitamos vías de movilidad regulada, cooperación universitaria, inversión productiva y garantías de derechos. No se trata de atribuir a Europa la capacidad de resolver conflictos ajenos, sino de reconocer que la relación con nuestros vecinos produce consecuencias que no desaparecen al alejarlas del debate público.

La diplomacia y la capacidad defensiva cumplen funciones distintas y pueden reforzarse. Disponer de medios de protección puede mejorar una posición negociadora, pero no ofrece por sí mismo una salida política a un conflicto. Las sanciones requieren objetivos definidos, revisión de efectos y atención a sus impactos humanitarios. Los esfuerzos de mediación necesitan interlocutores, conocimiento del terreno y continuidad. Defender el derecho internacional supone además aplicarlo con exigencia comparable a aliados y adversarios. Las excepciones interesadas erosionan precisamente el marco que los países europeos necesitamos para impedir que la fuerza se convierta en la única medida de las relaciones internacionales.

Finalmente, proteger Europa exige preservar su carácter democrático. Las decisiones más sensibles pueden necesitar confidencialidad, pero no ausencia de supervisión. Los parlamentos deben contar con procedimientos y medios para examinar compromisos, contratos y riesgos. La ciudadanía merece una explicación adulta de lo que se pretende proteger y de los sacrificios que se le piden. Podemos construir una Europa menos vulnerable sin convertirla en una fortaleza temerosa ni renunciar a su vocación cooperativa. Ese horizonte requiere voluntad política y paciencia institucional: aprender a compartir responsabilidades para que nuestra seguridad no dependa de la resignación ni nuestra paz de la buena voluntad ajena.