España necesita una conversación completa

Una campaña electoral puede ayudarnos a comprender el país o enseñarnos únicamente a desconfiar de nuestros vecinos. Si España afrontara una nueva convocatoria, esa sería una de las primeras disyuntivas que deberíamos reconocer. No sabemos qué calendario político terminará imponiéndose ni corresponde convertir conjeturas en noticias. Sí podemos preguntarnos qué conversación pública necesitaríamos para elegir con conocimiento: una que conecte las preocupaciones cotidianas con las decisiones presupuestarias, territoriales y europeas que las condicionan. Votar exige distinguir entre alternativas, pero también comprender los límites y las consecuencias de cada una.

Nuestra pluralidad territorial hace especialmente importante esa conversación. La experiencia de buscar empleo, desplazarse al hospital o encontrar vivienda cambia entre una gran capital, una ciudad intermedia y una comarca que pierde población. Sin embargo, demasiadas veces tratamos esas diferencias como identidades incompatibles. Cuando un territorio se presenta exclusivamente como perjudicado por otro, desaparecen las desigualdades internas y se desdibujan responsabilidades concretas. Necesitamos comparar servicios, oportunidades y capacidades fiscales, no competir en agravios. La cohesión no consiste en prometer lo mismo en todas partes, sino en garantizar derechos mediante soluciones adaptadas a realidades distintas.

La competencia electoral debería permitirnos conocer esas soluciones. Si una candidatura propusiera reducir impuestos y ampliar prestaciones, tendría que explicar cómo compatibilizaría ambos objetivos. Si defendiera construir vivienda pública, debería identificar suelo, financiación, plazos y capacidad de gestión. Si anunciara más profesionales sanitarios, necesitaríamos saber cómo abordaría su formación, contratación y distribución. No pedimos documentos incomprensibles ni certezas imposibles. Pedimos que cada promesa tenga una cadena de ejecución reconocible. La credibilidad política empieza cuando quien aspira a gobernar acepta describir también los obstáculos de su propuesta.

Hay una razón democrática para exigir este esfuerzo: las simplificaciones extremas prosperan donde las instituciones parecen incapaces de explicar lo que hacen. La ultraderecha convierte conflictos sociales complejos en relatos de pertenencia y exclusión, señala colectivos como amenaza y suele presentar los contrapesos como impedimentos a una voluntad nacional supuestamente única. Combatirla requiere rechazar sus mecanismos de discriminación sin despreciar a quienes sienten inseguridad económica o abandono territorial. Escuchar un malestar no obliga a aceptar la interpretación que pretende apropiárselo. Al contrario, permite ofrecer respuestas que no necesitan fabricar enemigos.

En determinados espacios de ultraizquierda aparece otra tentación: considerar que la urgencia de una causa autoriza a degradar el pluralismo, justificar autoritarismos afines o tratar cualquier compromiso como una traición. No debemos confundir esa lógica con las políticas redistributivas, la protesta social o las propuestas ambiciosas de transformación. Tampoco establecer una equivalencia automática entre movimientos con trayectorias y capacidades diferentes. El criterio debe ser concreto: cómo se comportan ante la libertad de información, la independencia judicial, los derechos de las minorías y la posibilidad de ser fiscalizados. Las etiquetas no sustituyen al examen de las conductas.

La desinformación agrava estas dinámicas porque rompe la relación entre afirmación y responsabilidad. Una acusación sin pruebas puede recorrer el espacio público antes de que exista oportunidad de contrastarla. Un montaje audiovisual puede fingir una declaración que nunca se produjo. Pero responder a este problema exige precisión: no todo error es una operación organizada, ni toda crítica incómoda es desinformación. Necesitamos identificar procedencias, mecanismos de difusión y posibles intereses, preservando el derecho a disentir. Un poder público que se proclamara árbitro exclusivo de la verdad crearía un riesgo adicional para la libertad.

Por eso, ante un escenario electoral, sería razonable reclamar acuerdos operativos entre administraciones electorales, medios y plataformas: canales rápidos para comunicar suplantaciones, identificación accesible de publicidad política, conservación de pruebas y procedimientos de recurso. Las decisiones de moderación deberían poder explicarse y revisarse. Los periodistas necesitamos publicar rectificaciones visibles, distinguir información de interpretación y no amplificar falsedades únicamente porque generan audiencia. También los partidos tendrían que comprometerse a retirar materiales manipulados, incluso cuando favorezcan sus intereses. La integridad informativa no puede depender de quién obtenga ventaja en cada controversia.

Aun así, ninguna medida técnica compensará una oferta política vacía. Si el debate se organiza solo alrededor de candidatos, incidentes y gestos, el ciudadano acaba eligiendo entre impresiones personales. Sería útil que las campañas incorporasen encuentros temáticos donde las mismas preguntas se formularan a todas las candidaturas y donde hubiera tiempo para repreguntar. Universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales podrían contribuir con documentos accesibles sobre problemas concretos. No para reemplazar la deliberación popular por un gobierno de especialistas, sino para que el desacuerdo se produzca sobre alternativas inteligibles y no sobre caricaturas.

También necesitamos hablar con honestidad de los pactos. En un sistema plural, la posibilidad de acuerdos posteriores debería formar parte de la información previa al voto. No sería sensato exigir contratos cerrados sobre una composición parlamentaria desconocida, pero sí orientaciones: prioridades negociables, compromisos irrenunciables y criterios para sostener un gobierno. La ambigüedad puede facilitar una campaña y dificultar después la legitimidad del acuerdo. Reconocer que nadie dispone de todo el mandato social no debilita una candidatura; muestra que comprende el país al que pretende representar.

Una conversación completa incluiría además a quienes tienen menos recursos para intervenir en ella. Las personas con horarios imprevisibles, los jóvenes que encadenan mudanzas o los ciudadanos con dificultades de accesibilidad no participan en igualdad de condiciones. Mejorar la información electoral comprensible, facilitar encuentros en horarios diversos y garantizar accesibilidad no son detalles organizativos. Son decisiones sobre qué voces llegan a escucharse. La abstención tiene motivos diferentes y no debemos interpretarla siempre como indiferencia. A veces expresa distancia, obstáculos prácticos o la convicción de que ninguna institución responderá a una demanda repetidamente ignorada.

Después de las urnas, si llegaran a convocarse, debería comenzar una rendición de cuentas menos teatral. Los compromisos centrales de un gobierno podrían traducirse en objetivos públicos, calendarios y explicaciones periódicas sobre avances y retrasos. El Parlamento tendría que disponer de información suficiente para evaluar políticas, no limitarse a reproducir el enfrentamiento de la campaña. Una oposición exigente puede señalar incumplimientos y ofrecer correcciones sin desear el fracaso de cada medida. Del mismo modo, gobernar no concede derecho a presentar toda fiscalización como una maniobra hostil.

España no necesita una conversación sin conflicto. Necesita una conversación capaz de alojarlo sin destruir los vínculos que permiten resolverlo. Podemos defender proyectos diferentes y compartir la obligación de explicar sus costes, proteger a quienes quedan expuestos y respetar la inteligencia de la ciudadanía. Esa tarea corresponde a partidos, instituciones, medios y organizaciones sociales, pero también a cada uno de nosotros cuando decidimos qué difundimos y qué exigimos. La esperanza democrática no nace de imaginar un país unánime. Nace de comprobar que un país diverso puede entender sus problemas y asumir conjuntamente la responsabilidad de afrontarlos.