Elegir también es exigir

Hay una pregunta que conviene formular antes de preguntarnos quién ganaría unas elecciones: qué deberíamos poder decidir cuando votamos. Si España entrara en un nuevo ciclo electoral, correríamos el riesgo de dedicar toda nuestra atención a las posibilidades de cada candidatura y muy poca a las condiciones del mandato que recibiría. La política se convertiría entonces en una competición minuciosamente narrada y escasamente discutida. Desde este editorial defendemos otra prioridad: recuperar la capacidad ciudadana de exigir explicaciones antes de otorgar confianza. No para convertir las campañas en seminarios, sino para impedir que terminen siendo escaparates sin contrato.

Las elecciones cumplen una función insustituible: permiten sustituir pacíficamente a quienes gobiernan. Pero su valor disminuye cuando las alternativas aparecen envueltas en promesas incompatibles o en identidades que se presentan como obligaciones hereditarias. Ningún ciudadano debería sentirse propietario de un partido ni propiedad suya. Necesitamos reconocer el derecho a cambiar de opinión sin ser tratado como un traidor y el derecho a mantenerla sin que se nos atribuya obediencia ciega. Una sociedad plural madura cuando sus preferencias pueden revisarse a la luz de los hechos y de las propuestas.

Para que esa libertad sea efectiva, los programas deberían distinguir entre objetivos, instrumentos y prioridades. Prometer mejores servicios públicos no explica cómo se organizarán, con qué profesionales ni mediante qué ingresos. Anunciar menos impuestos tampoco aclara qué gastos se modificarían o qué efectos distributivos se aceptarían. Exigir estas precisiones no constituye una obsesión contable. Es la forma elemental de respetar al elector. Cuando todo aparece como igualmente urgente y gratuitamente posible, la decisión real se desplaza desde las urnas hacia negociaciones posteriores sobre las que nadie pidió autorización explícita.

Podríamos comenzar por una práctica sencilla: reclamar a cada candidatura un documento breve que identificara sus principales compromisos, su secuencia de aplicación y los obstáculos previsibles. No sustituiría al programa completo, pero facilitaría su comparación. Allí donde hubiera estimaciones económicas, deberían explicarse los supuestos empleados y reconocerse sus márgenes de incertidumbre. No necesitamos candidatos que finjan conocer el futuro. Necesitamos dirigentes capaces de decir qué harían si el crecimiento fuera menor, si surgiera una emergencia o si sus propuestas no reunieran suficiente apoyo parlamentario.

La calidad de la oferta electoral depende también de cómo se elige a quienes la representan. Hablamos mucho de líderes y poco de los procedimientos que permiten ascender dentro de las organizaciones. Cuando la promoción descansa exclusivamente en la lealtad personal, se empobrece el conocimiento disponible y se penaliza la discrepancia útil. Las primarias, por sí solas, no resuelven ese problema; también pueden favorecer campañas internas superficiales. Lo decisivo es combinar participación, reglas claras, evaluación de trayectorias y garantías para que expresar una objeción no equivalga a renunciar a una carrera política.

Esa apertura exige mirar quién puede permitirse participar. Una persona con horarios imprevisibles, responsabilidades de cuidado o ingresos inseguros dispone de menos tiempo para reuniones, desplazamientos y campañas. Si ignoramos estas barreras, acabaremos confundiendo disponibilidad con mérito y profesionalización con representatividad. Los partidos deberían facilitar la participación mediante horarios compatibles con la vida cotidiana, apoyos transparentes y espacios de deliberación accesibles. No se trata de despreciar la experiencia institucional, sino de evitar que las instituciones se nutran de un círculo cada vez más estrecho de experiencias sociales.

También debemos revisar nuestra relación con las coaliciones. En un Parlamento plural, pactar no es una anomalía ni una confesión de fracaso. Es una posibilidad inherente a la representación. Lo exigible sería conocer antes de votar las compatibilidades programáticas, las discrepancias sustanciales y las condiciones democráticas de cualquier acuerdo. No todo puede anticiparse y ninguna negociación seria se desarrolla íntegramente ante las cámaras. Pero esa reserva práctica no justifica pedir el voto mediante exclusiones absolutas para después explicar lo contrario como si el ciudadano careciera de memoria.

La dimensión territorial añade una dificultad que no resolveremos con simplificaciones. España contiene intereses económicos, sensibilidades culturales y necesidades administrativas distintas. Un acuerdo sobre financiación, infraestructuras o servicios puede producir efectos desiguales y requiere explicar sus criterios. Debemos rechazar tanto la idea de que toda demanda territorial es un privilegio como la pretensión de que cualquier reivindicación queda legitimada por su procedencia. La pregunta útil es qué necesidad atiende, cómo se compara con otras y qué consecuencias tiene para la igualdad de derechos. Ese examen permite negociar sin convertir cada diferencia en una acusación moral.

En este terreno encuentran espacio las ofertas extremas. Las ultraderechas suelen convertir la inseguridad en exclusión y presentar el pluralismo como una debilidad nacional. En determinadas expresiones de la ultraizquierda, la desigualdad puede servir para justificar una desconfianza general hacia los contrapesos y hacia cualquier compromiso considerado insuficientemente puro. No son fenómenos idénticos ni tienen necesariamente la misma fuerza. Debemos juzgarlos por sus propuestas y sus conductas. La frontera relevante aparece cuando se niega la legitimidad del adversario, se relativizan derechos o se promete una voluntad popular libre de controles.

Responder a esas ofertas exige algo más que denunciarlas. Si quienes defienden la democracia constitucional parecen incapaces de corregir una injusticia reconocible, dejan desprotegido su propio argumento. Pero tampoco conviene adoptar el lenguaje de los extremos con la esperanza de recuperar a sus votantes. Necesitamos demostrar que se puede actuar con firmeza sin fabricar enemigos: combatir la precariedad sin despreciar a quien emprende, ordenar la inmigración sin deshumanizar, perseguir la corrupción sin declarar corrupta toda representación. La moderación solo resulta convincente cuando tiene capacidad de transformación.

Los medios también tenemos obligaciones. Una campaña no debería medirse únicamente por la declaración más incendiaria ni por la habilidad de un candidato para imponerse en una discusión televisada. Podemos comparar propuestas, examinar antecedentes, distinguir rectificaciones de contradicciones y conceder espacio a los asuntos que no producen espectáculo inmediato. Los debates públicos ganarían valor si permitieran repreguntar y contrastar compromisos, en lugar de encadenar intervenciones que apenas se encuentran. La serenidad no consiste en evitar el conflicto, sino en hacerlo inteligible para quienes tendrán que decidir.

Finalmente, el mandato necesita una memoria pública. Sería saludable que los compromisos electorales pudieran seguirse durante la legislatura mediante información accesible, explicaciones periódicas y evaluación independiente. No para fingir que gobernar equivale a completar una lista, sino para distinguir entre una dificultad razonada y un abandono silencioso. Si hubiera elecciones, nuestra responsabilidad no terminaría al depositar la papeleta. Empezaría allí una relación de exigencia que debe durar hasta la siguiente convocatoria. Podemos recuperar una política más adulta si dejamos de pedir salvadores y empezamos a reclamar representantes que acepten responder por lo que prometen.