El poder de los límites

Hay una pregunta que deberíamos hacernos antes de valorar cualquier posible mayoría electoral: qué estaríamos dispuestos a impedir a quienes representan nuestras propias preferencias. Resulta sencillo exigir controles al adversario; lo difícil es mantener esa exigencia cuando limita a los nuestros. Sin embargo, ahí comienza la cultura constitucional. Una democracia no se reconoce únicamente por permitir que cambie el Gobierno, sino por garantizar que el vencedor no pueda alterar a conveniencia las condiciones de la siguiente competición.

Si España afrontara una convocatoria electoral, tendríamos que discutir programas, liderazgos y alianzas, pero también compromisos de contención del poder. No bastaría con prometer respeto a la ley mediante una fórmula genérica. Necesitaríamos saber cómo actuaría cada candidatura ante una resolución judicial incómoda, una investigación periodística, una protesta legítima o un organismo de control que cuestionara sus decisiones. La calidad de una oferta política también depende de las facultades que acepta no ejercer.

Hemos aprendido que el deterioro democrático no siempre necesita una ruptura espectacular. Puede avanzar mediante procedimientos formalmente legales: nombramientos concebidos como ocupación, controles vaciados de recursos, excepciones convertidas en costumbre o reformas que dificultan la alternancia. Cada medida aislada encuentra una justificación; su acumulación cambia el régimen efectivo de convivencia. Por eso debemos mirar menos la solemnidad de las declaraciones y más la distribución real de capacidades para decidir, vigilar, recurrir y corregir.

La ultraderecha introduce un peligro específico cuando identifica la nación con una parte de sus ciudadanos y presenta la diversidad como una amenaza. Si solo unos serían auténticos representantes del país, los demás quedarían bajo sospecha de pertenencia. Esa lógica facilita que la protección de minorías se describa como privilegio y que los contrapesos aparezcan como obstáculos ilegítimos. No podemos normalizarla por el hecho de que sus defensores busquen apoyo en las urnas.

También debemos examinar a las corrientes de ultraizquierda que subordinan el pluralismo a una supuesta voluntad popular indivisible, disculpan autoritarismos afines o consideran que una finalidad emancipadora permite eludir garantías. No hace falta fingir que todos los extremismos tienen idéntica influencia, trayectoria o capacidad de daño. Necesitamos algo más exigente que esa equivalencia: aplicar el mismo criterio democrático a conductas concretas, sin convertir la afinidad ideológica en una licencia para la indulgencia.

Esa vigilancia no debería desembocar en un centro satisfecho de sí mismo. Los partidos que se presentan como moderados también pueden colonizar instituciones, utilizar recursos públicos de manera patrimonial o confundir estabilidad con ausencia de rendición de cuentas. La moderación no consiste en ocupar una posición intermedia entre dos discursos. Consiste en reconocer adversarios legítimos, ofrecer soluciones proporcionadas y someterse a reglas que seguiríamos defendiendo si mañana perdiéramos el poder. Es una práctica, no una credencial.

Necesitamos, por tanto, compromisos verificables sobre los nombramientos institucionales. Los procedimientos deberían exigir publicidad de méritos, comparecencias sustantivas y explicaciones comprensibles sobre la idoneidad de quienes asumen responsabilidades de supervisión. Donde se requieran acuerdos amplios, habría que diseñar salidas al bloqueo que no premiaran a quien lo provoca ni entregaran automáticamente la decisión a la mayoría gubernamental. Independencia no significa ausencia de preferencias personales; significa capacidad efectiva para actuar sin obediencia partidista.

También convendría devolver al Parlamento una función que la urgencia política tiende a estrechar: examinar las consecuencias de las decisiones. Las vías legislativas excepcionales necesitan justificación específica, y las reformas de mayor alcance deberían incorporar evaluación posterior. No se trata de impedir que un Gobierno gobierne. Se trata de que explique por qué elige un instrumento, qué alternativas descarta y cómo rectificará si los efectos contradicen sus objetivos. La deliberación útil mejora la ejecución, aunque incomode al calendario comunicativo.

En un eventual periodo electoral, la información sobre financiación, publicidad y segmentación de mensajes tendría que resultar accesible y comparable. Una ciudadanía libre debe poder conocer quién paga para influir sobre ella y si recibe promesas distintas a las que se muestran a otros grupos. Frente a contenidos manipulados, necesitamos trazabilidad y mecanismos de reclamación, no un ministerio de la verdad. La protección del debate exige procedimientos recurribles y garantías para la crítica, incluso cuando sea áspera.

Los medios y quienes participamos en la conversación pública tenemos una responsabilidad paralela. Podemos fiscalizar una propuesta sin convertir a todos sus votantes en una categoría moral. Si tratamos como irrecuperable a quien se siente abandonado, facilitamos que un dirigente autoritario monopolice su representación. Pero comprender un malestar no obliga a validar cualquier respuesta. Debemos separar con claridad la experiencia de inseguridad de las explicaciones que la convierten en hostilidad hacia inmigrantes, mujeres o minorías.

Sería igualmente insuficiente defender los contrapesos mientras dejamos intactas las razones materiales del desencanto. Cuando acceder a una vivienda, recibir atención sanitaria o construir una trayectoria laboral parece depender de recursos familiares, la promesa de igualdad pierde credibilidad. Las instituciones no pueden ofrecer solo garantías frente al abuso; deben organizar capacidades compartidas. Eso exige prioridades presupuestarias, gestión competente y evaluación pública, sin presentar cada dificultad administrativa como prueba de que los derechos son inviables.

En España, además, cualquier acuerdo duradero necesita comprender la pluralidad territorial sin convertirla en un intercambio opaco de ventajas. La cooperación entre administraciones debería apoyarse en criterios publicados, responsabilidades identificables y espacios estables de negociación. Ni la uniformidad resuelve por sí sola las diferencias ni toda singularidad garantiza justicia. Podemos reconocer circunstancias distintas y exigir simultáneamente que el acceso a servicios esenciales no dependa de la capacidad de presión de cada territorio.

Si las urnas produjeran un Parlamento fragmentado, los pactos tendrían que explicar tanto sus objetivos como sus límites. La ciudadanía merece conocer qué compromisos se asumen, cómo se financiarían y mediante qué mecanismos se resolverían las discrepancias. Negociar no equivale a traicionar, pero tampoco convierte cualquier concesión en virtuosa. Un acuerdo democrático debe poder justificarse ante quienes no lo apoyan, porque sus efectos alcanzan al conjunto de la sociedad y no solo a sus firmantes.

La oposición, por su parte, tendría que comprometerse con una fiscalización que no destruyera los instrumentos necesarios para gobernar después. Podemos rechazar una política sin desacreditar todo procedimiento; denunciar un abuso sin presentar cada derrota parlamentaria como una usurpación. Esa distinción protege la posibilidad de alternancia. Cuando se enseña a los propios seguidores que cualquier victoria ajena es ilegítima, se prepara un conflicto que ninguna aritmética electoral puede resolver de manera estable.

El horizonte europeo refuerza esta obligación: compartimos un espacio jurídico cuya confianza depende del respeto mutuo a las garantías. No deberíamos pedir controles para otros países y excepciones para el nuestro. Al pensar en futuras elecciones, podemos exigir ambición transformadora y límites firmes a la vez. No hay contradicción entre ambas cosas. La esperanza democrática consiste en saber que podremos cambiar decisiones sin perder derechos, sustituir gobernantes sin buscar enemigos y convivir sin entregar a nadie un poder sin frenos.