El país que no cabe en un mandato

Hay países que cambian de Gobierno sin tener que empezar de nuevo. No porque sus sociedades carezcan de conflictos, sino porque han aprendido a distinguir entre la legítima disputa por el poder y la construcción de capacidades compartidas. En España necesitamos recuperar esa distinción. Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, deberíamos preguntarnos no solo quién aspira a gobernar, sino qué quiere dejar preparado para quienes vengan después. La madurez de un proyecto político también se mide por aquello que está dispuesto a construir sin garantía de inaugurarlo.

La campaña favorece lo inmediato. Premia el anuncio reconocible, el contraste rápido y la promesa que cabe en una intervención breve. Sin embargo, buena parte de nuestros problemas tiene otros ritmos. Formar profesionales sanitarios, adaptar infraestructuras al cambio climático, fortalecer la investigación o modernizar la Administración exige continuidad. Entre una decisión y sus resultados pueden transcurrir varias legislaturas. Cuando cada relevo convierte lo anterior en material de derribo, no ganamos libertad política: perdemos tiempo, conocimiento acumulado y confianza en nuestra capacidad de mejorar.

No estamos defendiendo que los gobiernos queden atados a las decisiones de sus predecesores. La alternancia debe permitir modificar prioridades, corregir injusticias y abandonar políticas fallidas. Tampoco proponemos entregar las grandes decisiones a expertos situados fuera del control ciudadano. Lo que necesitamos es algo más exigente: acuerdos revisables, objetivos públicos y procedimientos que obliguen a explicar tanto la continuidad como la rectificación. Un pacto duradero no es una política congelada. Es un compromiso que incorpora mecanismos para aprender de sus errores sin volver siempre a la casilla de salida.

La capacidad administrativa debería ocupar un lugar central en esa conversación. Solemos debatir sobre qué derechos reconocer y mucho menos sobre quién podrá hacerlos efectivos. Pero una ayuda que nadie consigue tramitar, una inversión bloqueada por falta de personal o un procedimiento incomprensible acaban separando la ley de la vida. Esa distancia alimenta una frustración que después algunos convierten en rechazo al conjunto de las instituciones. Defender los servicios públicos implica cuidar también su funcionamiento cotidiano: equipos estables, formación, coordinación y una atención que no trate al ciudadano como sospechoso de pedir demasiado.

Conviene, además, no confundir modernización con digitalización indiscriminada. Una Administración puede disponer de nuevas plataformas y seguir siendo inaccesible. Puede incorporar automatismos que multipliquen errores o trasladar a las familias tareas que antes resolvía un empleado público. La tecnología debe reducir cargas, no esconder la ausencia de atención. Necesitamos procedimientos comprensibles, responsabilidad identificable cuando algo falla y alternativas presenciales para quienes las requieran. La eficiencia democrática no consiste únicamente en tramitar más deprisa; consiste en que nadie pierda un derecho por no dominar una herramienta.

También debemos pensar el territorio como una red de capacidades, no como una competición permanente por el anuncio más vistoso. Los proyectos industriales necesitan formación profesional, energía, transporte y proveedores. La investigación requiere vínculos estables entre universidades, empresas e instituciones. Los municipios pequeños necesitan apoyo técnico para gestionar inversiones y servicios. Ninguno de estos retos se resuelve desde una sola administración. La cooperación territorial no exige borrar diferencias ni competencias: exige que esas diferencias no terminen convirtiéndose en obstáculos para la ciudadanía.

¿Cómo llevar esta perspectiva a la campaña sin refugiarnos en vaguedades? Podemos pedir a cada candidatura que identifique unas pocas transformaciones de largo recorrido, explique sus etapas y señale qué acuerdos necesitará para ejecutarlas. Podemos exigir que distinga entre una medida inmediata y una reforma cuyos efectos tardarán en llegar. Y podemos preguntar qué iniciativas ajenas mantendría si accediera al Gobierno. Reconocer una política útil del adversario no debería interpretarse como debilidad. Puede ser una señal de que se entiende la diferencia entre representar una opción y administrar un país plural.

El Parlamento tiene aquí una responsabilidad que no podemos sustituir por negociaciones opacas entre direcciones partidarias. Los compromisos de largo plazo necesitan deliberación pública, participación de los sectores afectados y evaluación independiente. También necesitan oposición: alguien que examine los resultados, detecte incumplimientos y proponga correcciones. Un acuerdo pierde legitimidad cuando sirve para repartir espacios de influencia o para clausurar preguntas. La estabilidad que merece la pena es la que admite fiscalización, no la que reclama silencio en nombre de un supuesto interés superior.

Nos corresponde, como sociedad, resistir también la impaciencia que exige resultados instantáneos y después castiga cualquier explicación sobre sus dificultades. Eso no significa resignarnos a la lentitud ni aceptar excusas. Significa distinguir entre demora injustificable y trabajo sostenido, entre propaganda y construcción institucional. El próximo Gobierno tendrá derecho a desarrollar su programa y obligación de responder por él. Pero España seguirá aquí cuando termine su mandato. Si logramos que esa evidencia oriente nuestras decisiones, podremos convertir la alternancia en una fuerza de renovación y no de demolición. Ese sería un legado digno de compartir.