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Geopolítica

El mundo no cabe en dos bloques

Europa necesita relacionarse con países que no desean elegir una obediencia geopolítica permanente. Para España, escuchar esas prioridades y ofrecer acuerdos consistentes es una forma de ganar influencia sin renunciar a los derechos humanos.

Por Redacción La Democracia · viernes, 23 de octubre de 2026

Nos resulta cómodo imaginar la política internacional como un tablero dividido entre dos campos estables. Esa imagen ordena las noticias, identifica aliados y reduce la incertidumbre. Pero describe mal un mundo en el que numerosos países buscan vínculos distintos según la materia: seguridad con unos, tecnología con otros, financiación con varios. No deberíamos interpretar automáticamente esa conducta como deslealtad o ausencia de principios. A menudo expresa el deseo de no volver a depender de una sola potencia y de conservar margen para decidir el propio desarrollo.

Desde España y Europa necesitamos comprender esa autonomía sin idealizarla. Algunos Gobiernos la utilizan para ampliar oportunidades legítimas; otros, para evitar controles sobre sus abusos o negociar ventajas personales. La categoría de sur global reúne realidades demasiado diversas para funcionar como un sujeto único. Una democracia latinoamericana, un Estado insular amenazado por el cambio climático y una potencia asiática tienen capacidades y prioridades diferentes. Escucharlos exige abandonar las etiquetas que sustituyen el conocimiento por una familiaridad aparente. Ninguna estrategia seria puede tratar sus intereses como intercambiables.

Nuestra primera tarea consiste en distinguir entre alianza, asociación y coincidencia puntual. Una alianza supone compromisos profundos que no pueden extenderse indiscriminadamente. Una asociación permite cooperar de manera estable en ámbitos definidos. Una coincidencia facilita resolver un problema concreto sin suponer afinidad general. Si solo aceptamos relaciones con quienes comparten todas nuestras posiciones, reduciremos nuestra capacidad de actuar. Si todas las relaciones reciben el mismo rango, vaciaremos de contenido nuestros compromisos. La diplomacia necesita graduaciones claras, no una elección permanente entre aislamiento y complacencia.

El desafío europeo es formular una oferta que parta también de las necesidades de sus interlocutores. Nos cuesta hacerlo cuando llegamos a una negociación con un catálogo de prioridades propias y llamamos cooperación a la búsqueda de adhesiones. Muchos países reclaman financiación asequible, capacidad sanitaria, adaptación climática o mayor participación en las decisiones internacionales. Podemos discrepar sobre los instrumentos, pero no ignorar esas demandas y esperar apoyo automático en las nuestras. La reciprocidad comienza cuando aceptamos que la agenda compartida no será una reproducción exacta de la agenda europea.

La deuda constituye un terreno concreto para demostrarlo. Cuando su servicio estrecha de forma persistente el espacio para inversiones esenciales, la estabilidad financiera y la cohesión social entran en tensión. Las respuestas deberían facilitar reestructuraciones ordenadas cuando sean necesarias, mayor transparencia sobre acreedores y condiciones, y mecanismos que contemplen impactos de catástrofes. No se trata de cancelar obligaciones indiscriminadamente. Se trata de evitar que una situación insostenible se prolongue hasta destruir la capacidad de recuperación que permitiría atenderlas. Acreedores públicos y privados deben asumir responsabilidades compatibles.

La adaptación climática ofrece otra oportunidad de cooperación con resultados reconocibles. Sistemas de alerta, gestión del agua, protección costera y agricultura resiliente pueden salvar vidas sin exigir grandes declaraciones de alineamiento geopolítico. Para que esa cooperación funcione, debe financiar mantenimiento, formación y capacidades locales, no únicamente equipamiento. Un proyecto que depende para siempre de técnicos externos genera una vulnerabilidad nueva. España puede aportar experiencia, pero también aprender de territorios acostumbrados a gestionar escasez y riesgos que aquí todavía tendemos a considerar excepcionales.

La salud pública permite avanzar bajo una lógica semejante. Fortalecer laboratorios, vigilancia epidemiológica y producción regional de suministros esenciales beneficia a las poblaciones receptoras y reduce vulnerabilidades compartidas. Sin embargo, la transferencia tecnológica suele chocar con intereses comerciales, exigencias regulatorias y carencias de personal. Una política creíble debe sentar a esas partes, financiar formación y establecer condiciones de acceso. No basta con prometer solidaridad durante una emergencia si después desaparece la inversión necesaria para prevenir la siguiente. La confianza internacional también se construye entre crisis.

Nada de esto exige relativizar los derechos humanos. Exige defenderlos con criterios reconocibles, incluso cuando resulten incómodos para socios importantes. La condena selectiva desgasta nuestra autoridad porque transmite que el principio depende del interlocutor. Debemos combinar la denuncia fundada con protección a defensores, apoyo a medios independientes y atención a los efectos civiles de cualquier medida coercitiva. Las sanciones pueden ser necesarias en determinados casos, pero necesitan objetivos definidos, evaluación y vías de revisión. Castigar sin una teoría de cambio puede consolidar el aislamiento de una población.

En los conflictos armados, la utilidad europea dependerá también de su capacidad para mantener canales que otros hayan cerrado. Hablar con un actor no equivale a legitimar sus actos; negociar acceso humanitario no implica reconocer sus pretensiones políticas. Conviene separar esas funciones para que la población civil no quede atrapada en disputas de reconocimiento. La mediación requiere discreción, conocimiento y continuidad, además de presión cuando corresponda. No todos los conflictos admiten la misma fórmula, pero ninguno mejora cuando confundimos firmeza moral con ausencia de interlocución.

La reforma de las instituciones internacionales forma parte de esa credibilidad. Si defendemos un orden basado en normas, debemos admitir que su representación y sus procedimientos pueden necesitar cambios. Escuchar demandas de mayor voz no obliga a aceptar cualquier propuesta ni a debilitar las garantías existentes. Permite buscar acuerdos sobre transparencia, participación y rendición de cuentas. Un sistema que pide obediencia sin ofrecer posibilidades razonables de influencia alimenta la búsqueda de estructuras alternativas. Preservar el multilateralismo exige renovarlo, no conservar intacta cada una de sus jerarquías.

España dispone de vínculos europeos, mediterráneos y latinoamericanos que pueden facilitar ese trabajo, siempre que no los confundamos con un derecho natural a ejercer de puente. La confianza debe ganarse mediante presencia diplomática, conocimiento lingüístico y cultural, cooperación previsible y compromisos cumplidos. También requiere coordinar ministerios y sostener prioridades más allá de una legislatura. Resulta difícil pedir a otro país una relación duradera si nuestros instrumentos cambian constantemente o si subordinamos cada encuentro a la rentabilidad de una fotografía doméstica.

Podemos defender nuestra pertenencia europea y nuestras alianzas sin exigir al resto del mundo que reproduzca exactamente nuestra posición. Esa es una forma adulta de actuar: reconocer intereses divergentes, delimitar incompatibilidades y ampliar los espacios donde la cooperación sea posible. La influencia que merece durar no nace solo de la capacidad de imponer costes, sino de ayudar a resolver problemas compartidos. En un mundo que no cabe en dos bloques, Europa puede ofrecer algo valioso: relaciones que permitan decidir, compromisos que se cumplan y una dignidad que no dependa del pasaporte.

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