El mercado necesita árbitros

Nos hemos acostumbrado a discutir la economía como si solo hubiera dos posibilidades: dejar actuar al mercado o ampliar la intervención del Estado. Esa oposición oculta una pregunta decisiva: quién tiene capacidad real para elegir dentro del mercado. No compiten en condiciones comparables una pequeña empresa dependiente de un único distribuidor y la compañía que controla su acceso a los clientes. Tampoco negocian desde posiciones equivalentes un trabajador con alternativas y otro para quien cambiar de empleador supone abandonar su comarca. Defender una economía abierta exige mirar esas relaciones de poder, no limitarse a celebrar la existencia formal de contratos.

La concentración empresarial no constituye por sí misma una prueba de abuso. Hay actividades que necesitan escala, inversiones prolongadas y una coordinación difícil de alcanzar mediante organizaciones diminutas. Una empresa grande puede innovar, exportar y ofrecer empleo estable. El problema aparece cuando su posición deja de depender de hacerlo mejor y empieza a descansar en impedir que otros puedan intentarlo. Comprar competidores para neutralizarlos, imponer exclusividades injustificadas o controlar una infraestructura imprescindible puede transformar una ventaja legítima en una barrera permanente. Debemos evaluar conductas y estructuras sin sustituir el análisis por la admiración al tamaño o por la sospecha automática.

Para España, esta discusión tiene una dimensión cotidiana. Un negocio puede ser viable y, sin embargo, quedar asfixiado por plazos de pago que no controla. Un productor puede asumir casi todo el riesgo mientras otro eslabón de la cadena fija unilateralmente las condiciones. Una empresa joven puede desarrollar una solución útil y no encontrar acceso a contratos públicos diseñados para proveedores consolidados. Estas situaciones no se corrigen únicamente exhortando a emprender. Necesitan reglas efectivas sobre pagos, contratación y prácticas comerciales, además de autoridades capaces de actuar antes de que el daño resulte irreversible.

Los consumidores percibimos parte del problema cuando cambiar de proveedor se vuelve artificialmente complicado. La información incomprensible, los costes de salida o los servicios empaquetados pueden reducir la competencia sin necesidad de un acuerdo explícito entre empresas. Por eso, una política económica seria debe facilitar comparaciones y cambios reales, no solo multiplicar ofertas aparentes. Conviene evaluar también la calidad, la reparación y la duración de los productos. Un precio inicial bajo puede ocultar una dependencia cara si después no existen repuestos, mantenimiento alternativo o acceso razonable a los datos necesarios para utilizar lo comprado.

Europa afronta una tensión legítima. Necesitamos empresas capaces de invertir y competir a escala internacional, pero corremos el riesgo de justificar cualquier concentración en nombre de la autonomía estratégica. Un campeón europeo no beneficia necesariamente a Europa si financia su expansión mediante rentas obtenidas de clientes cautivos. La política industrial y la defensa de la competencia deberían trabajar juntas. Podemos apoyar investigación, infraestructuras y proyectos compartidos, condicionando las ayudas al cumplimiento de objetivos, a la apertura de determinados recursos y a mecanismos de devolución cuando los compromisos se incumplan. El dinero público debe comprar capacidades colectivas, no privilegios indefinidos.

También debemos distinguir la soberanía económica del cierre defensivo. Reducir una dependencia peligrosa puede exigir diversificar proveedores, mantener reservas o desarrollar producción propia. No obliga siempre a fabricar cada componente dentro de nuestras fronteras. Una estrategia autárquica encarecería recursos y podría perjudicar especialmente a los hogares con menos margen. Necesitamos identificar qué dependencias amenazan servicios esenciales y cuáles forman parte de una interdependencia manejable. Esa evaluación ha de hacerse con criterios públicos y revisables, evitando que cualquier sector se declare estratégico simplemente para obtener protección frente a competidores más eficientes.

La contratación pública ofrece una herramienta concreta para abrir mercados. Dividir contratos en lotes cuando resulte adecuado, reducir exigencias desproporcionadas y facilitar consorcios puede permitir que participen empresas pequeñas sin sacrificar solvencia. Pero fragmentar por sistema también puede aumentar costes y dificultar la coordinación. El criterio debe ser funcional: qué diseño obtiene mejores resultados y conserva alternativas para el futuro. Además, las administraciones necesitan conocimiento técnico para no depender de quien redacta la oferta. Un Estado que compra sin comprender termina aceptando condiciones que después limitan su capacidad de decidir.

La competencia afecta igualmente al trabajo. Cuando pocas empresas concentran las oportunidades de una profesión o un territorio, la libertad contractual puede quedar vaciada de contenido. La negociación colectiva, la formación transferible y la movilidad voluntaria ayudan a equilibrar esa relación. También conviene examinar las restricciones contractuales que impiden cambiar de empleo sin una justificación proporcionada. No se trata de negar que las empresas protejan inversiones o información sensible, sino de evitar que esa protección se convierta en una apropiación de la trayectoria profesional ajena. Una economía dinámica necesita que el talento pueda circular y encontrar reconocimiento.

Nada de esto funcionará con supervisores débiles o políticamente condicionados. Las autoridades de competencia requieren recursos, conocimientos especializados e independencia, pero también rendición de cuentas y decisiones recurribles. Su tarea no consiste en sustituir la iniciativa empresarial, sino en preservar un terreno donde pueda desplegarse. La transparencia sobre reuniones y conflictos de interés ayudaría a reducir la captura regulatoria. También necesitamos evaluar los efectos de las medidas adoptadas: una regulación concebida para contener a los grandes puede terminar protegiéndolos si impone costes administrativos que solo ellos pueden asumir.

El horizonte no debería ser una economía de empresas permanentemente tuteladas ni una sociedad subordinada a poderes privados incontestables. Queremos mercados donde el éxito pueda discutirse mediante nuevas ideas, mejores productos y relaciones laborales dignas; donde crecer no exija cerrar el paso a quienes vienen detrás. Esa ambición reúne eficiencia y justicia, innovación y democracia. España puede contribuir a una Europa que no elija entre ser competitiva y proteger la libertad de sus ciudadanos. Para ello debemos recordar algo elemental: la iniciativa privada florece mejor cuando las reglas impiden que unos pocos decidan quién tiene derecho a intentarlo.