El hambre no admite retirada

Cuando el debate público se repliega sobre las dificultades nacionales, la cooperación suele aparecer como un gasto que podemos aplazar. Primero lo nuestro, se nos dice, y después lo demás. La fórmula resulta intuitiva, pero describe mal el mundo y empobrece nuestra responsabilidad. El hambre no queda encerrada dentro de una frontera: destruye salud, interrumpe educación, erosiona economías y puede agravar desplazamientos e inestabilidad. No necesitamos exagerar esas conexiones para entender algo esencial: atender las necesidades de aquí no exige volver irrelevantes las vidas de quienes están lejos.

Tampoco deberíamos justificar la cooperación únicamente por sus posibles beneficios para nosotros. Ayudar a una comunidad a alimentarse es valioso aunque no reduzca ningún riesgo europeo ni abra oportunidades comerciales. Esa convicción moral puede convivir con una lectura estratégica. En un entorno internacional marcado por rivalidades y dependencias, disponer de instituciones de cooperación fiables permite sostener relaciones que no descansan solo en la fuerza o la compra de lealtades. España puede aportar continuidad, conocimiento y capacidad de acuerdo, siempre que no confunda acompañar con dirigir.

Conviene empezar por comprender que el hambre no es simplemente ausencia global de alimentos. Puede haber productos disponibles y familias incapaces de pagarlos; cosechas suficientes y carreteras cortadas; ayuda almacenada y comunidades a las que nadie permite acceder. Los conflictos, la pobreza, la degradación ambiental y la fragilidad institucional se combinan de formas distintas. Una política eficaz necesita diagnósticos locales. Enviar el mismo tipo de asistencia a todas partes puede resultar vistoso, pero no necesariamente responde al obstáculo que impide comer a cada población.

En una emergencia, la prioridad debe ser salvar vidas mediante acceso humanitario seguro y asistencia imparcial. Esa ayuda no debería condicionarse a la afinidad política de una población ni utilizarse para castigar a sus gobernantes. Allí donde operen sanciones internacionales, resulta imprescindible que las excepciones humanitarias sean practicables y que bancos y proveedores comprendan cómo aplicarlas. Una exención formal sirve de poco si el temor a incumplir una norma paraliza los pagos necesarios para adquirir alimentos o mantener servicios básicos.

Elegir entre entregas materiales y transferencias monetarias requiere igualmente atención al contexto. Si los mercados funcionan y tienen capacidad de abastecimiento, apoyar los ingresos puede ampliar la autonomía de las familias y sostener la economía local. Si las rutas están bloqueadas o la oferta es insuficiente, repartir dinero no garantiza que aparezcan alimentos y podría aumentar la presión sobre los precios. Necesitamos mecanismos flexibles, vigilancia de efectos adversos y escucha de las comunidades. La herramienta debe adaptarse a la necesidad, no a la comodidad del donante.

Superada la urgencia, el reto consiste en reducir vulnerabilidades sin imponer una autosuficiencia imposible. El comercio alimentario puede diversificar suministros y amortiguar malas cosechas; también puede generar dependencia si un país concentra sus compras o carece de capacidad financiera para afrontar cambios de precio. Apoyar almacenamiento, transporte, información de mercados y producción adaptada al territorio ofrece una estrategia más sensata que elegir entre apertura absoluta y aislamiento. La seguridad alimentaria exige opciones disponibles cuando una de ellas deja de funcionar.

La adaptación climática debe formar parte de esa estrategia. No basta con distribuir semillas sin conocer los suelos, mejorar el riego sin valorar los recursos disponibles o financiar una infraestructura cuyo mantenimiento nadie puede asumir. La investigación agrícola local, los servicios de asesoramiento y la recuperación de terrenos degradados necesitan continuidad. También debemos escuchar conocimientos campesinos sin idealizarlos ni tratarlos como un obstáculo. La cooperación más útil combina experiencia, evidencia y capacidad de corregir errores, en lugar de exportar paquetes tecnológicos cerrados.

Las mujeres desempeñan funciones esenciales en la producción y preparación de alimentos, pero pueden encontrar mayores barreras para acceder a tierra, crédito, formación o espacios de decisión. Un proyecto que ignora esas desigualdades corre el riesgo de aumentar su trabajo sin ampliar su autonomía. Por eso debemos analizar quién controla los recursos y quién asume las obligaciones después de cada intervención. Incorporar una perspectiva de igualdad no consiste en añadir una etiqueta: consiste en modificar decisiones para que el apoyo llegue de manera efectiva y justa.

Europa tiene además que examinar la coherencia de sus propias políticas. No podemos defender sistemas alimentarios resilientes mientras ignoramos los efectos que nuestras decisiones comerciales, ambientales o pesqueras puedan producir en terceros países. Esa revisión no obliga a desproteger a agricultores europeos ni a negar sus dificultades. Exige negociar transiciones, evitar dobles estándares y evaluar consecuencias antes de trasladar costes a comunidades con menor capacidad de defensa. La cooperación pierde credibilidad cuando intenta reparar discretamente el daño que otras políticas no quieren reconocer.

Los recursos importan, pero también su previsibilidad. Una organización local no puede sostener equipos, comprar con criterio o preparar una campaña agrícola si desconoce cuándo llegará la financiación. Conviene ampliar los acuerdos plurianuales, simplificar exigencias desproporcionadas y reforzar controles que detecten corrupción sin asfixiar a entidades pequeñas. La rendición de cuentas debe incluir a las personas destinatarias, no solo al organismo financiador. Poder reclamar por un reparto injusto o denunciar abusos es parte de una asistencia digna, no un añadido administrativo.

Desde España podemos defender este enfoque en las instituciones europeas y multilaterales, fortalecer capacidades públicas de cooperación y preservar la colaboración con organizaciones solventes. También debemos explicar a la ciudadanía qué funciona, qué falla y por qué algunos resultados tardan en llegar. La cooperación no resolverá por sí sola las guerras ni las desigualdades internacionales. Puede, sin embargo, impedir que una emergencia destruya una generación y ampliar la capacidad de una comunidad para decidir. En tiempos de repliegue, sostener esa posibilidad es una forma concreta de responsabilidad compartida.