El futuro necesita presupuesto

Hay una forma de empobrecer la democracia que no necesita cerrar un Parlamento ni cuestionar abiertamente las libertades: basta con reducir el futuro a la próxima campaña. Cuando todo se organiza alrededor de la ventaja inmediata, las decisiones importantes se aplazan y las urgencias terminan gobernándonos. Desde España, y sin dar por confirmada ninguna convocatoria electoral, creemos que merece la pena plantear una pregunta previa a cualquier disputa por el poder: qué país podemos comprometernos a sostener cuando se apaguen los focos de la competición.

No hablamos de sustituir la política por una administración de expertos. Elegir significa decidir entre prioridades distintas, repartir recursos escasos y reconocer conflictos legítimos. Una rebaja fiscal, una ampliación de prestaciones o una nueva infraestructura expresan concepciones diferentes de la sociedad. Precisamente por eso necesitamos que esas opciones aparezcan completas: con sus beneficiarios, sus costes, sus plazos y las renuncias que implican. Ocultar estas últimas no hace más ambicioso un programa; lo hace menos democrático, porque dificulta elegir con conocimiento.

En un eventual proceso electoral español, sería razonable pedir a cada candidatura una memoria pública de sus compromisos principales. No un documento ornamental repleto de objetivos, sino una explicación comprensible de cómo pretende cumplirlos. Qué administración tendría que intervenir, qué cambios legales serían necesarios, qué ingresos sostendrían el gasto y qué sucedería si la economía evolucionara peor de lo previsto. La incertidumbre no impide planificar. Al contrario, obliga a mostrar alternativas y a abandonar esa seguridad teatral con la que tantas veces se presentan decisiones frágiles.

La vivienda permite entender el problema. Prometer más oferta asequible exige suelo adecuado, financiación, empresas capaces de construir, personal que tramite y coordinación territorial. También requiere preservar el destino social de la inversión para que el esfuerzo público no se evapore con el tiempo. Una medida puede ser necesaria y, sin embargo, insuficiente si se presenta aislada. Deberíamos discutir tanto sus efectos inmediatos sobre quienes buscan casa como su capacidad para ampliar de manera duradera las opciones disponibles.

Algo parecido ocurre con la sanidad. Podemos compartir la aspiración de reducir las esperas y discrepar sobre el modo de conseguirlo, pero ninguna solución seria debería prescindir de las condiciones laborales, la formación de profesionales y la organización asistencial. Comprar actividad adicional puede aliviar una situación concreta; no reemplaza automáticamente una estrategia de capacidad pública. Nuestra exigencia tendría que centrarse en los resultados y en su sostenibilidad, sin convertir cada instrumento en una identidad política ni cada dificultad en una excusa.

El presupuesto es donde estas aspiraciones dejan de ser compatibles por simple enunciación. No todo puede hacerse al mismo tiempo, y reconocerlo no equivale a aceptar resignadamente la escasez. Podemos mejorar ingresos, combatir el fraude, revisar beneficios fiscales y retirar gastos que no cumplen su función. Pero cada una de esas decisiones encuentra resistencias concretas. Una política adulta explica a quién pide un esfuerzo y por qué considera justo pedirlo, en lugar de atribuir siempre la factura a un adversario impreciso.

Tampoco debemos confundir responsabilidad presupuestaria con recortar aquello que tarda en rendir frutos. La prevención sanitaria, la educación temprana o la adaptación climática pueden parecer prescindibles cuando solo miramos el saldo inmediato. Sus beneficios, sin embargo, se distribuyen durante años y evitan daños difíciles de reparar. Necesitamos evaluaciones que incorporen ese horizonte sin presentar cualquier gasto como inversión milagrosa. Tan irresponsable es despreciar el coste de no actuar como suponer que una buena intención garantiza por sí sola un buen resultado.

Aquí aparece una tensión central: los gobiernos necesitan capacidad para desarrollar su programa, pero algunas políticas necesitan continuidad más allá de quien gobierne. La salida no consiste en blindarlo todo frente a futuras mayorías. Consiste en acordar objetivos estables y permitir que los medios se revisen a la luz de la experiencia. Un parque de vivienda pública, una estrategia de formación profesional o la renovación de redes de agua pueden admitir orientaciones distintas sin empezar de cero después de cada alternancia.

En nuestro país, además, el tiempo político se reparte entre administraciones con responsabilidades entrelazadas. El Estado puede financiar una actuación que necesita ejecución autonómica y autorización municipal. Si esa cadena no está definida, la ciudadanía acaba atrapada en una disputa de competencias que nadie resuelve. Los acuerdos deberían identificar responsables, calendarios compartidos y procedimientos para desbloquear incidencias. La cooperación territorial no puede depender exclusivamente de que coincidan los colores de los gobiernos ni de la buena relación personal entre sus dirigentes.

La oposición también tiene una responsabilidad en esta arquitectura. Fiscalizar no significa anunciar la derogación de todo lo anterior, del mismo modo que gobernar no autoriza a tratar cualquier crítica como sabotaje. Necesitamos distinguir entre lo que funciona, lo que debe corregirse y lo que merece sustituirse. Esa distinción resulta menos vistosa que la impugnación completa, pero protege recursos y conocimiento acumulado. La alternancia democrática debería permitir cambiar el rumbo sin obligarnos a reconstruir continuamente el vehículo.

Los extremismos encuentran una oportunidad cuando esta complejidad se presenta como impotencia. La ultraderecha suele ofrecer exclusiones como respuesta a problemas que requieren capacidad institucional; determinadas expresiones de ultraizquierda prometen resolver restricciones materiales mediante una ruptura que apenas explica sus consecuencias. No son fenómenos idénticos ni tienen por qué representar riesgos equivalentes en cada contexto. Comparten, cuando caen en esa tentación, la facilidad de desacreditar cualquier mediación como cobardía y cualquier límite como prueba de una conspiración.

La respuesta no puede limitarse a defender procedimientos mientras las condiciones de vida se deterioran. Quien encadena empleos precarios o no consigue una cita médica no necesita una lección condescendiente sobre paciencia institucional. Necesita mejoras reconocibles y explicaciones honestas sobre lo que todavía no se ha conseguido. Por eso la eficacia importa democráticamente. No porque convierta al ciudadano en cliente, sino porque muestra que la deliberación, el voto y los impuestos pueden traducirse en posibilidades reales de vivir mejor.

Podríamos avanzar mediante compromisos de legislatura que incluyeran hitos públicos y revisiones periódicas. Las evaluaciones deberían distinguir entre fallos de diseño, dificultades de ejecución y cambios del contexto, con supervisión suficientemente independiente. Un objetivo incumplido tendría que dar lugar a una explicación y a una corrección, no a una campaña para modificar retrospectivamente su significado. También convendría publicar qué programas se abandonan después de evaluarlos: una democracia aprende cuando reconoce errores, no cuando protege indefinidamente cada decisión adoptada.

Nos corresponde, finalmente, decidir qué clase de conversación premiamos. Si hubiera elecciones, podríamos exigir ambición sin aceptar fantasías, confrontar proyectos sin pedir enemigos y valorar a quien explique una renuncia necesaria. No buscamos una política sin pasión, sino una pasión capaz de hacerse cargo de sus consecuencias. El futuro necesita presupuesto, instituciones y perseverancia. Y necesita que entendamos el voto no solo como una respuesta al malestar del presente, sino como una responsabilidad compartida sobre el país que otros recibirán.