El derecho a perder

Hay una promesa discreta que sostiene todo sistema representativo: podemos perder unas elecciones sin perder nuestros derechos, nuestra dignidad ni nuestro lugar en la comunidad. Cuando esa promesa resulta creíble, el conflicto político encuentra cauces. Cuando deja de serlo, cada votación empieza a parecer una batalla definitiva. Nos conviene partir de esta idea al pensar en cualquier próximo escenario electoral español, sin dar por confirmadas convocatorias ni anticipar resultados. La cuestión central no es quién podría vencer, sino qué condiciones permitirían gobernar y ejercer la oposición sin convertir al adversario en un enemigo interior.

La alternancia exige algo más que aceptar una suma de escaños. Requiere admitir que ninguna candidatura representa por completo al pueblo y que ninguna derrota convierte a sus votantes en ciudadanos equivocados. En España, donde las diferencias ideológicas se cruzan con identidades territoriales y memorias familiares, ese reconocimiento tiene una importancia especial. Podemos discutir con firmeza sobre impuestos, organización territorial o derechos sociales. Lo que no podemos hacer sin deteriorar la convivencia es atribuir una legitimidad moral exclusiva a una parte del país.

Si unas futuras elecciones produjeran un Parlamento fragmentado, negociar no sería una anomalía que hubiera que disculpar. Sería la traducción institucional de una sociedad plural. Los acuerdos deberían juzgarse por su contenido, sus procedimientos y sus consecuencias, no por una supuesta impureza del diálogo. Al mismo tiempo, pactar no puede convertirse en una zona opaca: necesitamos compromisos públicos, prioridades identificables y explicaciones sobre las concesiones asumidas. La ciudadanía tiene derecho a conocer tanto lo que un partido consigue como aquello a lo que renuncia para alcanzar una mayoría.

Este principio encuentra una presión creciente en discursos que presentan las instituciones como obstáculos ilegítimos cuando no les entregan el resultado deseado. La ultraderecha suele articular esa impugnación mediante una idea excluyente de pertenencia nacional, señalando a minorías o inmigrantes como amenazas. En determinadas expresiones de la ultraizquierda aparece otra tentación: considerar que una causa supuestamente emancipadora justifica debilitar contrapesos, disculpar autoritarismos afines o negar legitimidad al pluralismo económico y político. No son fenómenos idénticos ni tienen el mismo peso en todos los países, pero ambos deben someterse a exigencias democráticas.

Conviene evitar, precisamente por rigor, una equidistancia automática que sustituya el análisis por una geometría cómoda. Debemos examinar conductas concretas: quién acepta el resultado electoral, quién respeta la independencia judicial, quién protege a las minorías y quién rechaza la violencia incluso cuando procede de su propio entorno. No toda propuesta transformadora es extremista, ni toda defensa del orden es democrática. La frontera relevante pasa por los métodos, los derechos y la posibilidad real de que el poder cambie de manos.

La desinformación erosiona esa frontera porque permite fabricar una realidad en la que cualquier derrota aparece como un fraude. No hace falta convencer a toda la población de una mentira; puede bastar con sembrar una duda persistente sobre cada árbitro. Un vídeo manipulado, una captura sin contexto o una acusación repetida pueden adquirir apariencia de prueba antes de que exista una comprobación. El daño no se limita a una reputación individual. Se deteriora el terreno común desde el que podemos discutir hechos y después discrepar sobre sus interpretaciones.

La respuesta no debería consistir en entregar al Gobierno la facultad de decidir qué opiniones son verdaderas. Necesitamos garantías más exigentes y menos cómodas: transparencia sobre la financiación de la publicidad política, archivos accesibles de anuncios, identificación de contenidos sintéticos engañosos y acceso de investigadores independientes a información relevante de las plataformas, con protección de datos. Las restricciones deben tener fundamento legal, supervisión judicial y vías de recurso. Combatir la manipulación mediante instrumentos arbitrarios acabaría ofreciendo a futuros gobernantes una herramienta demasiado peligrosa.

También los partidos deberían aceptar obligaciones que no dependan de su posición en las encuestas. Podrían comprometerse a no difundir materiales manipulados, rectificar falsedades comprobadas con una visibilidad suficiente y abstenerse de acusar de fraude sin pruebas. Ese compromiso no eliminaría la propaganda ni la disputa, pero introduciría un coste reputacional para el engaño deliberado. Los medios, por nuestra parte, debemos renunciar a convertir cada provocación en el centro de la conversación y distinguir entre informar sobre una falsedad y multiplicar gratuitamente su alcance.

Ahora bien, ninguna arquitectura informativa compensará una experiencia cotidiana de abandono. Si una persona encadena empleos inseguros, no encuentra vivienda y percibe que sus reclamaciones nunca obtienen respuesta, el llamamiento abstracto a defender las instituciones puede sonarle a defensa de quienes ya están protegidos. Esto no convierte la precariedad en explicación única del autoritarismo ni absuelve decisiones individuales. Nos recuerda, más bien, que la legitimidad democrática necesita resultados reconocibles y procedimientos justos. La seguridad material amplía el espacio para escuchar; la incertidumbre permanente facilita las promesas de castigo.

Por eso, ante cualquier campaña futura, deberíamos exigir programas que expliquen prioridades y conflictos reales. Bajar impuestos, ampliar prestaciones, reducir deuda y mejorar servicios no son objetivos automáticamente compatibles. Tampoco lo son todas las promesas territoriales o energéticas. Una campaña adulta tendría que mostrar alternativas, beneficiarios, costes y límites administrativos. Los debates electorales ganarían utilidad si reservaran espacio para preguntas comparables y respuestas verificables, en lugar de premiar únicamente la capacidad de producir un fragmento viral o una humillación memorable.

Hay además una responsabilidad institucional que corresponde a quienes gobiernen. Las mayorías no deberían apropiarse de los organismos de control ni utilizar nombramientos públicos como prolongación del reparto partidista. La oposición, a su vez, no puede bloquear indefinidamente renovaciones obligatorias esperando una correlación más favorable. Necesitamos procedimientos transparentes, criterios profesionales y mecanismos legales que reduzcan el beneficio del bloqueo sin destruir las garantías del consenso. Un árbitro independiente protege hoy a quien pierde y mañana a quien todavía cree que siempre ganará.

Aprender a perder implica, finalmente, aprender a esperar sin abandonar la participación. Entre elecciones existen asociaciones, sindicatos, organizaciones empresariales, movimientos vecinales y espacios de deliberación que pueden transformar un desacuerdo en una propuesta. Ninguno sustituye al sufragio, pero todos pueden impedir que la ciudadanía quede reducida a espectadora de una confrontación interminable. Si queremos que una futura noche electoral cierre una competición y no abra una fractura, debemos trabajar antes sobre esas condiciones. Nuestra esperanza democrática no consiste en que desaparezcan las diferencias, sino en que sepamos vivir con ellas sin arrebatarnos mutuamente el porvenir.