El alimento también es poder

Solemos reconocer la geopolítica cuando hablamos de armas, energía o fronteras. Nos cuesta más verla en el pan, en el pienso que consume una explotación ganadera o en el fertilizante que permite mantener una cosecha. Sin embargo, la alimentación atraviesa esas mismas relaciones de poder. Una ruta marítima interrumpida, una restricción a las exportaciones o un encarecimiento de los insumos puede trasladar una crisis lejana a la cuenta de resultados de una cooperativa y, después, a nuestra cesta de la compra.

España ocupa una posición que obliga a pensar sin simplificaciones. Tenemos una importante capacidad agroalimentaria y participamos en cadenas internacionales de suministro. Exportar alimentos no significa ser independientes de todos los recursos necesarios para producirlos. Tampoco importar equivale, por definición, a ser débiles. La vulnerabilidad aparece cuando concentramos dependencias difíciles de sustituir, desconocemos los puntos frágiles de la cadena o confiamos en que el comercio seguirá funcionando sin sobresaltos. La respuesta inteligente no es cerrar fronteras, sino conocer mejor nuestros riesgos.

Nos conviene distinguir soberanía de autosuficiencia. Pretender producir todo, en cualquier condición y a cualquier coste, puede encarecer la alimentación y deteriorar los recursos naturales. Tener capacidad de decisión significa disponer de proveedores diversos, logística resistente, conocimiento agronómico y mecanismos de respuesta ante una emergencia. Significa también conservar tejido productivo propio. Cuando desaparece una explotación viable por falta de relevo o por una posición negociadora insostenible, no perdemos únicamente actividad económica: perdemos capacidades que no se reconstruyen al ritmo de un anuncio político.

Aquí Europa tiene una responsabilidad concreta. La política agraria, la comercial y la ambiental deben dejar de presentarse como compartimentos enfrentados. No sería coherente exigir a nuestros productores determinadas garantías y desentendernos de las condiciones de los productos importados. Pero tampoco lo sería utilizar esa preocupación como excusa para un proteccionismo indiscriminado. Necesitamos controles fiables, obligaciones proporcionadas y acuerdos que permitan mejorar estándares. La transición ambiental debe ofrecer acompañamiento técnico y previsibilidad, no una sucesión de requisitos que una pequeña explotación apenas pueda interpretar.

Debemos mirar también más allá de nuestra propia seguridad. Cuando un gran exportador restringe ventas para contener sus precios internos, puede agravar las dificultades de países importadores con menos recursos. Por eso son importantes la transparencia de los mercados, la cooperación agrícola y la protección del acceso humanitario a los alimentos. La lucha contra el hambre no puede quedar subordinada a la afinidad diplomática. Apoyar almacenamiento, transformación local y capacidad productiva en países vulnerables reduce dependencias y abre posibilidades de desarrollo; no es una concesión, sino una inversión en estabilidad compartida.

Podemos empezar por tareas poco espectaculares: examinar dependencias críticas, reducir pérdidas, fortalecer la negociación de los productores y preparar respuestas coordinadas ante interrupciones del suministro. También necesitamos explicar que precios asequibles para el consumidor y rentas dignas en el campo no deberían ser objetivos incompatibles. Entre ambos hay una cadena cuyo funcionamiento merece atención pública. La seguridad alimentaria se construye antes de la escasez. Hacerlo desde España, con ambición europea y responsabilidad global, es una manera concreta de defender nuestra libertad sin desentendernos de la de los demás.